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El colectivo ‘Defendamos la Paz’, que está conformado por los exnegociadores del Gobierno, de las Farc, del ELN, congresistas, exministros y organizaciones sociales que defienden el acuerdo, enviaron una carta a la oficina de Naciones Unidas para los DD.HH. a través de la cual expresan su preocupación por la “persecución y presión” de las que han sido víctimas los magistrados de las altas cortes y de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
En la misiva se relata la manera cómo estos funcionarios judiciales han sido objeto de chuzadas o interceptaciones ilegales, hechos que fueron ya corroborados por la propia Fiscalía General de la Nación.
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También cuentan cómo algunos magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han sido despojados de sus visas estadounidenses, ad portas de que se tomen decisiones contundentes relacionadas con el caso 'Santrich' y las objeciones que presentó el Gobierno a la ley estatutaria de la JEP.
Ante esta situación, el colectivo solicitó ante la ONU que haya medidas de protección para estos funcionarios judiciales y que así se exija por parte de la oficina de Derechos Humanos en los informes que deba presentar ante todos los órganos del sistema de Naciones Unidas.
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“Algunos magistrados en sido denunciados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por medio de acciones que tienen claramente una orientación política, pues están dirigidas a penalizar el sentido de la sentencia de los altos tribunales”, señala la carta.
Advierten, además, que “los magistrados de la JEP también han venido siendo víctimas de presiones y atropellos. En la tapa del trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria, se ha intensificado la campaña de ataques y descalificaciones públicas contra quienes la integran, y su presidenta, Patricia Linares y el magistrado Alejandro Ramelli fueron denunciados ante la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes”.
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Los ex negociadores de paz cuestionan que hasta el día de hoy no se conozca ningún pronunciamiento por parte del presidente de la República, Iván Duque, sobre estas acciones en contra de los magistrados.
Es por esto que pidieron ante la ONU que “se verifiquen estos graves hechos, que se pronuncie sobre los mismos lo antes posible y en los informes que van presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas se solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones, y hostigamientos”.
Esta solicitud también fue enviada al Secretario General de la ONU, António Guterres y a Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
