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La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a retirar de sus hogares a cientos de niños migrantes que ya residían en Estados Unidos con sus familias, poniéndolos bajo custodia del Gobierno federal en una serie de operativos que, según defensores y expertos, reeditan la política de separación familiar que marcó su primer mandato.
Más de 500 niños han sido trasladados a refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tras las denominadas “verificaciones de bienestar”, realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, en algunos casos, del FBI, según confirmaron tres fuentes familiarizadas con el asunto al medio CNN.
“Estamos viendo señales de alerta ahora mismo”, advirtió Laura Nally, directora del Programa para Niños del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes. “Existe la preocupación de que estos registros de bienestar social puedan derivar en la detención masiva de patrocinadores y el retorno masivo de menores a la ORR”.
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“Sala de guerra” y acceso a datos confidenciales
Desde los primeros días de esta nueva administración, el Gobierno ha instalado una “sala de guerra” en la sede del HHS en Washington, donde múltiples agencias analizan datos confidenciales sobre los niños que cruzaron solos la frontera. Según fuentes internas, ICE ahora tiene acceso directo al portal de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), donde se almacenan datos médicos, migratorios y personales de los menores y sus familias.
Estas acciones, argumentan desde la administración, responden al manejo “caótico” de los niños migrantes durante la era Biden, cuando miles de menores no acompañados ingresaron al país. Sin embargo, exfuncionarios de Biden y expertos niegan que exista un número significativo de niños “desaparecidos”, como afirman los actuales portavoces.
“Están tratando de sofocar el programa, que solo perjudica a los niños a quienes estamos obligados por ley y estatuto a atender”, declaró una fuente al tanto de las discusiones internas.
Durante este segundo mandato de Trump, las reunificaciones familiares se han vuelto excepcionalmente difíciles. Nuevas directrices exigen requisitos adicionales para los patrocinadores, incluidos pruebas de ADN, comprobación de ingresos y verificación de identidad estricta, lo que ha generado la separación de niños de padres y familiares indocumentados.
En un caso documentado, una familia fue detenida durante una cita de rutina con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dejando a tres menores bajo custodia gubernamental. En otro, un niño fue retirado del asiento del copiloto durante una parada de tráfico y enviado a un centro de detención.
Mark Greenberg, exfuncionario del HHS, fue tajante: “Estas medidas no tienen que ver con la seguridad infantil, sino con impedir que los indocumentados puedan reunirse con sus hijos”.
Agentes del FBI habrían expresado incomodidad por el uso de sus recursos para lo que consideran una agenda migratoria más que una preocupación real por el bienestar infantil. Un portavoz de la agencia aseguró que el objetivo es proteger a los niños, pero reconoció la colaboración estrecha con otras agencias federales.
Una demanda reciente denuncia que las políticas implementadas han resultado en que “niños en todo el país sean separados de sus amorosas familias”, mientras el Gobierno prolonga su detención.
El promedio de días que un niño pasa bajo custodia del Gobierno ha aumentado de 67 días en diciembre de 2024 a 170 días en abril de 2025, según cifras oficiales.
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Un enfoque criticado por expertos
Jen Smyers, exsubdirectora de la ORR, defendió los procesos aplicados durante la administración anterior: “Se realizó una investigación rigurosa de todos los patrocinadores. Hay una diferencia entre la investigación y lo que sucede después. Ninguna investigación, por muy exhaustiva que sea, predice el futuro”.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha citado casos puntuales de patrocinadores con antecedentes, no ha proporcionado datos que respalden las afirmaciones de que hay “cientos de miles” de niños desaparecidos, base del nuevo impulso de Trump. Un informe del inspector general reveló que cerca de 291.000 menores no recibieron notificaciones para presentarse ante un tribunal, pero eso no implica que estén perdidos, explicaron exfuncionarios.
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