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El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
Dicha declaración se da a raíz de los hechos violentos que no cesan desde el pasado siete de diciembre, cuando Castillo anunció que se disolvía el Congreso, antes de ser destituido.
Inicialmente, Apurimac y Arequipa eran las regiones que se encontraban en estado de emergencia. Sin embargo, por la creciente de fallecidos y personas heridas se extendió a todo Perú.
El ministro de defensa, Alberto Otalora, indicó que "se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y requieren de una respuesta contundente y de autoridad".
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A través de su cuenta en Twitter, Otálora señaló que también se evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda para restablecer el orden público, en distintas regiones donde se ha intensificado los desmanes.
Las protestas, tomas de aeropuertos y carreteras bloqueadas, han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Esa entidad hizo el llamado a los manifestantes a no impedir el paso de los vehículos hospitalarios que trasladas medicamentos a diversas zonas del país.
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Entre tanto, la presidenta Dina Boluarte anunció que trabaja en conjunto con el Congreso y entes electorales para mirar la posibilidad de adelantar las elecciones para diciembre del 2023, cuatro meses antes de la fecha que estaba establecida.
