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El polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, instalado en lo profundo de los Everglades de Florida, deberá cesar operaciones tras una orden judicial preliminar emitida por la jueza federal Kathleen Williams. El fallo, resultado de una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, prohíbe el ingreso de nuevos detenidos y exige el desmantelamiento de la infraestructura instalada en el lugar.
En su decisión, la magistrada estableció que no podrán trasladarse nuevos migrantes a la instalación más allá de los que ya permanecen allí, y ordenó que, en un plazo de 60 días, sean retirados los generadores, las cercas, los sistemas de iluminación, los contenedores de desechos y las demás estructuras que apoyaban el funcionamiento del campamento. “El Tribunal se basa en la reducción programática de la población del campamento en los próximos sesenta días”, escribió Williams, reconociendo que el fallo equivale a cerrar el sitio.
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La instalación, ubicada en el Aeropuerto de Capacitación y Transición de Collier Dade, había sido construida apresuradamente con remolques de FEMA reutilizados y carpas, rodeados por cercas en medio de un área de alta sensibilidad ambiental. Desde su apertura, legisladores y organizaciones denunciaron las condiciones inhumanas en las que vivían cientos de inmigrantes, confinados bajo altas temperaturas, plagas de insectos y escasez de alimentos.
Elise Pautler Bennet, abogada de uno de los grupos ambientalistas demandantes, celebró la decisión: “Nos sentimos muy aliviados. Creemos que presentamos pruebas contundentes, incluidas en su orden, que demuestran que esta fue la decisión correcta para proteger el medio ambiente y los intereses de los estadounidenses en los Everglades”.
El lugar se encuentra rodeado por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras tribales de los Miccosukee. Desde su concepción, el proyecto generó oposición frontal de organizaciones como Friends of the Everglades, fundado en 1969 precisamente para impedir la construcción de infraestructuras de este tipo en la zona.
El gobernador Ron DeSantis había defendido públicamente el campo como una solución “temporal y necesaria” para aliviar la presión sobre las cárceles y agencias policiales del estado, ante el aumento de inmigrantes. No obstante, la jueza Williams subrayó que la instalación carecía de justificación frente al daño ambiental y a las condiciones en que se mantenían los detenidos.
El fallo también reaviva la disputa sobre quién es responsable de la instalación. Florida sostiene que opera el centro en coordinación con agencias estatales y locales bajo acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero funcionarios federales han asegurado que es el estado quien toma las decisiones cotidianas sobre la operación y detención de migrantes, lo que plantea dudas sobre rendición de cuentas y supervisión.
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La representante demócrata Frederica Wilson celebró el cierre en X: “¡Ya era hora! Fue cruel, descuidado y destructivo desde el principio y nunca debió construirse. Me alegra que cierre. ¡Y no debemos repetir los errores cometidos en estas instalaciones en ningún otro lugar!”.
El fallo no cierra el frente judicial. Una segunda demanda federal, aún en curso, se centra en el acceso legal de los migrantes detenidos en “Alligator Alcatraz”. Además, el estado de Florida ya anunció que apelará la decisión de la jueza Williams.
