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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió aplazar hasta este viernes 31 de octubre la votación que determinará si la Misión de Verificación de la ONU en Colombia continuará operando en el país. La sesión, inicialmente prevista para este jueves, fue reprogramada para la tarde, según el calendario actualizado del organismo.
Esta votación es crucial, ya que definirá la renovación de la misión encargada de acompañar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. La sesión decisiva se realizará luego de una jornada informativa matutina dedicada a la situación colombiana.
El aplazamiento se produjo porque el Consejo de Seguridad priorizó un debate urgente sobre la crisis humanitaria en Sudán, donde se denunciaron masacres de más de 2.000 civiles en la ciudad de El Fasher.
Según reportes de las Fuerzas Conjuntas sudanesas, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) habrían perpetrado los ataques los días 26 y 27 de octubre, con la mayoría de víctimas entre mujeres, niños y ancianos.
En el caso colombiano, los miembros del Consejo manifestaron preocupación por las negociaciones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central. Estas inquietudes podrían influir en el debate sobre la continuidad de la misión.
La embajadora Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante la ONU, ha encabezado las gestiones diplomáticas para garantizar el apoyo de los 15 países miembros, en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que ha expresado reservas frente a la política de “paz total” promovida por el gobierno colombiano.
La Misión de Verificación fue creada en 2017 para seguir de cerca la reincorporación política, social y económica de los excombatientes y monitorear las garantías de seguridad para ellos y para las comunidades afectadas por el conflicto.
En 2023, su mandato se amplió para supervisar la implementación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Capítulo Étnico del Acuerdo.
Aunque la renovación suele aprobarse por consenso, esta vez existe expectativa por la posición crítica de Washington frente al rumbo del proceso de paz. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que no se anticipa ningún veto y que el respaldo a la misión sigue siendo mayoritario.
Su continuidad resultaría esencial para mantener el acompañamiento internacional al cumplimiento de los compromisos de La Habana, en medio de la persistente violencia contra excombatientes y líderes sociales en diversas regiones del país.
