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El exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein fue nombrado representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela, después de que Colombia pidiera ayuda para enfrentar el flujo de venezolanos que huyen de la crisis en su país.
Eduardo Stein "trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso a territorio, protección de los refugiados, estatuto regular, y la identificación de soluciones para refugiados y migrantes venezolanos", señalaron en un comunicado conjunto la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El exvicepresidente guatemalteco (quien ocupó el cargo entre 2004 y 2008) "promoverá un enfoque regional coherente y armonizado de cara a la situación de Venezuela en coordinación con los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otros actores relevantes", explica el texto.
El nombramiento llega dos días después de que el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pidiera en Ginebra la creación de "un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente" a la crisis política y económica en Venezuela.
El titular de Relaciones Exteriores colombiano señaló también "la necesidad de la designación de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas, cuya tarea sea coordinar la acción multilateral".
"Cuanto más pronto mejor, porque la crisis aumenta de una manera dramática día a día", dijo Trujillo el lunes ante la prensa, tras reunirse con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Colombia, que comparte 2.200 kilómetros de la frontera con Venezuela, ya había advertido en las últimas semanas que no tenía capacidad para enfrentar en solitario la llegada de migrantes venezolanos, que superó el millón de personas en los últimos años, de los que 820.000 regularizaron su situación.
"Yo me temo que esa cifra es mayor y nos preocupa muchísimo la tendencia que están presentando esas cifras, porque de seguir como van estaríamos hablando de cerca de 4 millones de Venezolanos al final de este año fuera de su país", alertó Trujillo.
Bogotá congeló prácticamente sus relaciones con el gobierno venezolano, en rechazo a la Asamblea Constituyente de plenos poderes y bajo control chavista que rige en Venezuela desde hace más de un año. También promueve elecciones "libres".
Rechazos a la ayuda
Los venezolanos están ahogados en una crisis caracterizada por hiperinflación, pobreza, falta de servicios públicos y escasez de productos de primera necesidad, especialmente de medicamentos y alimentos.
Según la ONU, de los 2,3 millones de venezolanos que viven en el extranjero, más de 1,6 millones abandonaron el país desde 2015, cuando se empezaron a sentir las consecuencias de la crisis en el país.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha rechazado los ofrecimientos de ayuda de diferentes países, incluida Colombia, y niega que exista una crisis migratoria, aun cuando sus vecinos insisten en las repercusiones regionales de lo que ocurre en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.
Tradicionalmente, la mayoría de venezolanos migraban a Colombia, Estados Unidos y España, pero desde 2015 el flujo migratorio de Venezuela (con una población de 30,6 millones de personas) a otros países aumentó. En Perú, por ejemplo, se multiplicó por 150.
Ante esa situación, Lima comenzó a exigirles pasaporte desde finales de agosto y puso de plazo hasta el 31 de octubre para solicitar el Permiso Temporal de Permanencia, lo que redujo la llegada de venezolanos a Perú en un tercio, según cifras oficiales.
A principios de septiembre, líderes de 11 países latinoamericanos reunidos en Quito exhortaron a Maduro a aceptar ayuda humanitaria con el fin de "descomprimir" la crisis que está tras el éxodo de venezolanos, "brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció también hace dos semanas la creación de un grupo de trabajo para evaluar el impacto de la migración venezolana y captar fondos para cumplir con sus recomendaciones.
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