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El Gobierno de Chile invitó a la ONU a enviar observadores para constatar en terrero la situación de los derechos humanos durante el actual estado de emergencia que rige en gran parte del país, con el Ejército a cargo de la seguridad, a raíz de las masivas protestas que se están dando.
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Así lo informó este jueves el canciller de Chile, Teodoro Ribera, en una reunión con corresponsales extranjeros, en la que aseguró que el Gobierno ha puesto todas las precauciones posibles para que se respeten los derechos humanos durante este estado de excepción, que rige desde el pasado viernes y en cuyo marco ya han fallecido al menos 18 personas.
"Acabamos de comunicar a través de nuestra misión diplomática en Ginebra la invitación a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que envié personas a Chile para constatar en terreno la situación de los derechos humanos durante este estado de emergencia", dijo Ribera.
En respuesta, la alta comisionada anunció este jueves el envío de esa misión de verificación para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales durante las recientes protestas en ese país.
"Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile", destacó la expresidenta chilena en su cuenta oficial de Twitter.
Asimismo, el canciller Ribera comentó que el pasado lunes, personal diplomático chileno compareció ante la sede de la ONU y la OEA para ponerles en conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno chileno.
Ribera también afirmó que se invitó al director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, para velar por el respeto a los derechos humanos en Chile.
"Les puedo dar las certezas totales y absolutas de la preocupación más amplia del Gobierno de Chile por el respeto de los derechos humanos", afirmó el canciller.
"Eso se expresa que en que se contactó a defensores públicos antes de decretarse el estado de emergencia, que se habló con fiscales y jueces de garantía, que hay un protocolo de uso de la fuerza, que se contactó con las Fuerzas Armadas para que su intervención fuera lo más limitada posible y que se habló con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) para darle la más amplia cobertura y facilidades", agregó.
Varias ciudades, provincias y regiones de Chile se encuentran en estado de emergencia, con toques de queda nocturnos, que restringen los derechos constitucionales de locomoción y reunión, se extienden de norte a sur desde el pasado viernes.
Hasta el momento, la Justicia chilena ha registrado un total de 3.162 controles de detención con 5.397 personas imputadas, de los cuales se han confirmado 425 ciudadanos formalizados de forma ilegal.
El INDH, una entidad pública pero autónoma que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas del orden, registró en su último balance de la noche de este miércoles un total de 2.410 detenidos en todo el país.
De estos hechos, 898 detenciones se produjeron en Santiago, donde este miércoles y jueves se reunieron en Plaza Italia alrededor de 100.000 personas para mostrar su descontento, y 1.512 en el resto del país.
Las protestas han dejado además al menos 18 fallecidos, entre ellos dos colombianos, un peruano y un ecuatoriano, y del total hay al menos cinco que murieron presuntamente a manos de agentes del Estado.
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En cuanto a los heridos, el INDH contabiliza 535 desde el pasado jueves, cuando comenzaron las manifestaciones por el alza en el precio del pasaje del Metro de Santiago. Además, 210 heridos fueron por armas de fuego, ya sea por el disparo de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.
Además, el organismo constató relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos días.
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