Kristi Noem pone fin al permiso de protección temporal para 250.000 venezolanos en EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este miércoles el fin de un programa de ayuda humanitaria que beneficiaba a cientos de miles de venezolanos en el país. La medida afectará directamente a unas 250.000 personas que llegaron en los últimos años e hicieron parte del plan implementado en 2021.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había iniciado a comienzos de este año la suspensión de protecciones frente a la deportación que cobijaban a cerca de 300.000 venezolanos. Con esta nueva decisión, el Gobierno de Donald Trump endurece aún más su postura migratoria, instando a los afectados a “autodeportarse”.

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En un comunicado oficial, un portavoz de Seguridad Nacional justificó la medida señalando que “dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos del Gobierno de Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”.

El TPS para venezolanos había sido establecido en 2021 como una protección temporal frente a la deportación, así como un permiso de trabajo, ante la crisis humanitaria, política y económica del país sudamericano. Sin embargo, la actual administración considera que esta figura estimuló nuevas olas migratorias hacia la frontera sur.

La decisión se suma a una serie de medidas más amplias que buscan restringir beneficios migratorios y acelerar procesos de salida voluntaria. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, quienes se vean afectados por el fin del programa deberán iniciar trámites de retorno en los próximos meses, en lo que la administración denominó “autodeportación”.

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La comunidad venezolana en EE. UU., una de las más numerosas y en constante crecimiento, queda ahora en una situación de gran incertidumbre. Organizaciones de defensa de los migrantes advirtieron que esta decisión podría empujar a miles de familias a la irregularidad y al riesgo de ser deportadas forzosamente en caso de no cumplir con la instrucción gubernamental.