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Hace casi un mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone una tarifa de US$100.000 a los nuevos solicitantes de la visa H-1B, un programa diseñado para atraer a trabajadores calificados del extranjero hacia sectores clave de la economía estadounidense. La medida, que entró en vigor en septiembre de 2025, ha generado preocupación entre profesionales y empresas que dependen del talento internacional.
El Gobierno justificó la decisión asegurando que busca frenar el “abuso” del sistema migratorio, argumentando que muchas compañías habrían utilizado el programa para reemplazar mano de obra local por trabajadores extranjeros más baratos. Sin embargo, críticos advierten que este cambio podría dificultar la llegada de talento especializado y afectar la competitividad tecnológica del país.
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Ahora, a tan solo un mes de su aplicación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva tarifa de 1.000 dólares para ciertos inmigrantes que deseen obtener un permiso clave de permanencia, una medida que muchos interpretan como una señal del endurecimiento migratorio que caracteriza la actual administración estadounidense.
El permiso por el que EE. UU. exigirá 1.000 dólares
La agencia gubernamental anunció la aplicación de una nueva tarifa de 1.000 dólares para los solicitantes del programa de permiso humanitario de ingreso temporal, conocido como “parole”. La medida fue oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y publicada en el Registro Federal el 15 de octubre, con entrada en vigor el 16 de octubre.
Según la notificación, el cobro aplica tanto a nuevos solicitantes como a quienes gestionen una renovación del permiso. El DHS precisó que el objetivo de esta tarifa es “cubrir costos operativos del programa”, en cumplimiento de la Ley de Reconciliación H.R. 1, impulsada por el Congreso. La tarifa será recaudada directamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
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¿Qué establece la nueva tarifa del programa ‘parole’?
De acuerdo con el documento del DHS, la tarifa de 1.000 dólares será obligatoria para todas las personas que soliciten el beneficio migratorio bajo el programa “Humanitarian Parole”. La agencia señaló que el ajuste “responde a los lineamientos establecidos por la legislación vigente” y que forma parte del nuevo esquema financiero del sistema migratorio.
El texto aclara que esta tarifa no debe pagarse al momento de presentar el Formulario I-131, sino únicamente si la solicitud resulta aprobada. “El pago será requerido al momento de emitir el permiso correspondiente”, explicó el USCIS ( Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) en su comunicación oficial. Además, el documento advierte que cualquier pago anticipado será rechazado y no vincula el trámite.
La implementación de esta medida se enmarca en la orden ejecutiva firmada por el presidente el pasado mes, bajo la iniciativa denominada “One Big Beautiful Bill”, que busca regular de forma unificada los costos asociados a los permisos migratorios. Con esta disposición, el Gobierno pretende garantizar la sostenibilidad administrativa del programa.
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¿Desde cuándo y a quiénes aplica el nuevo cobro?
El Registro Federal detalla que la tarifa comenzó a aplicarse desde el 16 de octubre, un día después de la publicación oficial. A partir de esa fecha, todas las solicitudes recibidas deberán contemplar el pago de la tarifa una vez el permiso sea aprobado. El DHS advirtió que “no se harán excepciones retroactivas” a solicitudes enviadas con anterioridad que no hayan completado el proceso de adjudicación.
El cobro se extiende tanto a nuevos solicitantes como a quienes tramiten la renovación del permiso, siempre y cuando el periodo de vigencia haya expirado. De igual forma, las oficinas del USCIS fueron instruidas para incorporar el pago en las plataformas electrónicas habilitadas, garantizando trazabilidad y registro de cada transacción.
En el comunicado, el DHS puntualizó que “la tarifa se mantendrá fija durante el presente año fiscal”, aunque podrá ser ajustada posteriormente conforme a los índices de inflación determinados por el Departamento del Tesoro. Con ello, la agencia busca establecer una base estable para los procesos administrativos del programa.
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¿Quiénes están exentos del pago de los 1.000 dólares?
El DHS y el USCIS precisaron que existen excepciones específicas a la nueva tarifa. En particular, podrán quedar exentos quienes soliciten el parole por razones humanitarias urgentes o bajo circunstancias de interés público. Estas solicitudes serán evaluadas de manera individual y deberán incluir documentación de respaldo que justifique la exención.
El documento oficial detalla que “las solicitudes que aleguen razones humanitarias serán consideradas caso por caso, y su aprobación dependerá de la evidencia aportada”. En esos escenarios, el solicitante podrá continuar el trámite sin el pago del arancel, siempre que el USCIS confirme la validez de la excepción.
De igual manera, el DHS señaló que “la exención no constituye un derecho automático”, sino una medida discrecional que busca atender situaciones de emergencia comprobada. En consecuencia, los solicitantes deberán esperar la notificación oficial del resultado antes de realizar cualquier pago o trámite adicional.
