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Un devastador informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025, en la que se registraron asesinatos en protestas, muertes bajo custodia, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual. El documento será presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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“La represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala el informe.
La investigación atribuye la responsabilidad directa al régimen venezolano y a sus cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, adolescentes y personas extranjeras.
Durante el periodo analizado, la Misión registró más de 2.200 detenciones arbitrarias, en su mayoría durante dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo. Se documentaron detenciones selectivas y represalias contra voces críticas, incluyendo familiares de opositores. Los testimonios describen arrestos violentos, irrupciones en domicilios por individuos encapuchados y traslados en vehículos sin identificación, sin órdenes judiciales ni justificación legal.
El documento también expone al menos 30 muertes atribuidas a la represión estatal, 25 de ellas durante protestas y cinco bajo custodia. Tres personas murieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud por las condiciones de detención. El uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y la ausencia de investigaciones independientes son señalados como prácticas sistemáticas.
La tortura es descrita como un mecanismo recurrente: golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos y agua. Las condiciones en centros de reclusión como Tocorón y Tocuyito fueron calificadas de inhumanas, con hacinamiento, falta de atención médica y castigos colectivos.
El informe documenta 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen los estándares internacionales, así como violencia sexual y de género contra mujeres, adolescentes y personas LGBT, incluyendo abuso sexual, desnudez forzada y amenazas de violación.
Uno de los apartados más graves refiere a 220 niños, niñas y adolescentes detenidos arbitrariamente durante las protestas y la toma de posesión presidencial. Muchos fueron sometidos a tratos crueles, incomunicación y procesos judiciales sin garantías.
El informe también alerta sobre la restricción del espacio cívico, con leyes represivas contra ONG, hostigamiento a periodistas y vigilancia digital para controlar la disidencia.
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La Misión concluye que la impunidad es estructural, pues el Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables y persiste un clima de miedo que impide a las víctimas acceder a la justicia.
El documento incluye 19 casos emblemáticos que, según los expertos, representan solo una fracción de la magnitud de las violaciones. Para la ONU, los hallazgos reflejan una crisis de derechos humanos profunda y extendida, cuya gravedad constituye crímenes de lesa humanidad.
