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El Gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, acusado de cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas, asegura Human Rights Watch (HRW).
En un informe divulgado este viernes, la ONG pro derechos humanos documenta "casos promovidos por el Gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva".
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Human Rights Watch también presenta "casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno" en el documento, de 53 páginas y titulado "La justicia como arma: Persecución política en Bolivia".
"Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado.
"Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno", añadió.
HRW recuerda que Evo Morales "se vio obligado a renunciar y abandonó Bolivia en noviembre de 2019, mientras que en todo el país se realizaban protestas motivadas por denuncias de fraude electoral -que ahora han sido cuestionadas- y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo".
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Según la ONG, la exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, "tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial", pero "su Gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo".
"Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos", añade.
HRW explica que examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 de esos casos, y en febrero de 2020 tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra Morales, conformado por más de 1.500 hojas.
También entrevistó a 90 personas, entre ellas el ministro de gobierno, Arturo Murillo; la defensora del pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.
"En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales", concluyó Human Rights Watch, antes de añadir que a otras "se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet".
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