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Un grupo de 250 familiares de fallecidos por coronavirus en Italia llevará ante la Justicia sus testimonios para buscar responsabilidades políticas y sanitarias de una crisis que ha causado más de 33.000 muertos en el país.
"No es venganza, es justicia. No queremos una compensación económica, queremos saber la verdad de esta tragedia", explicó en un encuentro virtual con la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, Stefano Fusco, fundador del colectivo "Noi denunceremo" (Nosotros denunciaremos).
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Fusco creó el grupo de Facebook "Noi denuceremo" poco después de la muerte de su abuelo en una residencia de ancianos en la ciudad lombarda de Bérgamo, en el epicentro de la pandemia en Italia.
Su objetivo es conocer si había más casos como el suyo y por eso el 28 de abril fundó una asociación que recoge las denuncias de decenas de familiares de víctimas.
Una de ellas es Cristina Longhini, también de Bérgamo, quien perdió a su padre por coronavirus después de que se denegara su acceso a una UCI desbordada en el hospital Papa Giovanni XXIII de la ciudad, convertido en símbolo del colapso de la sanidad lombarda.
"Nos dijeron que no cabía en la UCI y que corría el riesgo de morir, así que nos pidieron que buscáramos nosotros un hospital donde llevarlo. Lo intubaron, pero el día 19 de marzo murió, aunque se les olvidó decírnoslo hasta unas horas más tarde", rememora.
La principal pregunta que se hacen es porqué no se declararon como zona roja los municipios de Alzano y Nembro, zona industrial en la periferia de Bérgamo y donde el virus azotó con más fuerza que en ningún sitio de Italia.
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"En Italia se crearon 117 zonas rojas, la más famosa la de Codogno, ¿por qué no en Alzano y Nembro? ¿Por qué el hospital de Codogno se cerró dos días para desinfectarlo y el de Alzano solo dos horas?" se pregunta Fusco.
La fiscalía de Bérgamo ya ha iniciado una investigación por "epidemia dolosa" y homicidio culposo que investiga precisamente porqué no se cercó esta zona, algo que tanto esta asociación como partidos y sindicatos atribuyen a que se antepusieron los intereses económicos de una zona con una gran concentración empresarial.
Los fiscales de Bérgamo ya han escuchado los testimonios de políticos como el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y de su consejero de Sanidad, Giulio Gallera, recibidos a las puertas del edificio por las protestas de varios ciudadanos.
Las responsabilidades, para la asociación, "pueden ir desde un director de una residencia hasta el presidente de una región", pero coinciden en no culpar a los trabajadores sanitarios, "que no sabían lo que combatían".
Otra de las causas de la "masacre" de Lombardía, como la define Fusco, es la privatización de la sanidad en la región, que según critican, ha reducido la atención primaria y explica las diferencias con los datos de Véneto, región vecina y gobernada por el mismo partido, la ultraderechista Lega.
"Los efectos personales de mi padre me los dieron en una bolsa de basura. Dentro había una camiseta íntima llena de sangre, testimonio de su sufrimiento", relata Longhini.
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Esta farmacéutica se enteró de que el cadáver de su padre, de 65 años y sano, había sido trasladado a la ciudad de Ferrara en un camión del Ejército e incinerado allí, cuando le llegó una factura de 3.000 euros por un funeral nunca realizado.
El próximo miércoles se presentarán ante la Fiscalía de Bérgamo 50 denuncias, mientras que otras 200 están en fase de elaboración para entregar en varios puntos del país, explican.
Para encontrar consuelo a la pérdida de sus familiares, "bastaría con que alguien dimitiera, que alguien pidiera perdón y asumiera responsabilidades", sostienen.
Pero el objetivo último para Fusco es que una tragedia de estas características "no vuelva a ocurrir nunca".
