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La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y los exministros transitorios de su gobierno, Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, serán enviados a prisión por cuatro meses como medida preventiva, mientras comités cívicos y víctimas de la crisis que vivió el país en 2019 preparan marchas a favor y en contra de esta medida.
La jueza de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que los exministros estarán detenidos en la cárcel de San Pedro.
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Durante la audiencia, que duró casi diez horas y se desarrolló de forma virtual, se escucharon los alegatos de Áñez, la Fiscalía y la exdiputada del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia por "golpe de Estado" ante la Fiscalía.
"Es recurrente el hecho de que me quieran tildar de golpista. Un Gobierno no puede ser golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa", dijo Áñez al dirigirse a la jueza.
Exigió ser juzgada en un juicio de responsabilidades por su figura como exmandataria y reiteró que no tiene intenciones de salir del país y que seguirá "dando la cara" cuando la Justicia lo requiera.
"En conjunto con la señora Eva Copa (entonces presidenta del Senado) y la Asamblea Legislativa se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales, eso creo que fue un gran logro para todos los bolivianos, producto de ello es que llamamos a elecciones y el señor (Luis) Arce es presidente", afirmó Áñez,
"Nací en Bolivia, vivo en Bolivia y moriré en Bolivia", zanjó desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde permanece detenida junto a sus dos exministros.
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Áñez, detenida la madrugada del sábado, y sus exministros, aprehendidos el viernes por la tarde, son procesados en el marco del caso "golpe de Estado" y se les acusa de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.
La Fiscalía boliviana había solicitado este domingo seis meses de detención preventiva, pero la jueza consideró que era mucho tiempo para la investigación.
Denuncia de amenazas
El exministro de Justicia Coímbra denunció en Twitter que sus familias están siendo "acosadas y amenazadas" y sostuvo que "cualquier cosa que pasara con ellos" es responsabilidad del expresidente Evo Morales y del presidente Luis Arce.
"Es un completo abuso, es todo ilegal, son órdenes de arriba, todo está armado", lamentó Dalia Lima, esposa del exministro Guzmán.
Tras conocerse la decisión judicial, Jeanine Áñez señaló que "el MAS decide y el sistema judicial obedece" y que estará detenida "para esperar el juicio por un "golpe que nunca ocurrió".
Marchas convocadas
En la ciudad amazónica de Trinidad, donde fueron aprehendidos Áñez y los dos exministros, un comité cívico exigió su liberación en las próximas 48 horas y advirtió sobre otras medidas de presión.
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Además, el Comité Pro Santa Cruz convocó a una concentración para la tarde de este lunes y la resistencia civil de Oruro pidió que se retomen los cabildos ciudadanos para expresar el rechazo a las aprehensiones.
En sentido contrario, desde el sábado un grupo de personas entre "autoconvocados", gremialistas, transportistas y representantes de víctimas de los conflictos de 2019 hacen una vigilia en las puertas de la Felcc y exigen que se haga justicia y que "caiga todo el peso de la ley" sobre Áñez y sus ministros.
En cambio, en la Zona Sur de La Paz otro grupo de personas se congregó para manifestar su apoyo a la exmandataria transitoria y los exministros señalando que su gobierno no fue producto de un "golpe de Estado".
"Máxima atención"
El expresidente Carlos Mesa, líder del principal partido opositor de Bolivia, Comunidad Ciudadana, envió este domingo una carta a la ONU, a la alta Comisionada para los Derechos Humanos, a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denuncia "persecución judicial" en su país.
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Mesa instó a que la "comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos".
Por su parte, la bancada de la opositora Alianza Creemos interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para Áñez, Guzmán y Coímbra, y todas las personas que están siendo procesadas "por las movilizaciones sociales que pidieron la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019".
El arzobispo de la ciudad de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, cuestionó que "se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron el voto ciudadano y a la democracia, mientras que se presentan como víctimas a los autores del fraude. La democracia exige respeto de los derechos humanos".
Asimismo, las autoridades informaron de la detención de Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, quien lideró varias manifestaciones tras las fallidas elecciones de 2019.
