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El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez y consideró que deben ser deportados "inmediatamente" tras cruzar la frontera, lo que supondría una violación del principio de debido proceso.
"No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron", escribió Trump en la red social Twitter, mientras se dirigía a su campo de golf en Sterling (Virginia).
"Nuestro sistema -continuó- es una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (...) ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!".
El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de cualquier litigio sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.
En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.
No obstante, en 2004, el Gobierno de George W. Bush estableció que pueden ser deportados de manera exprés aquellos inmigrantes que han llegado ilegalmente a Estados Unidos en los últimos 14 días y que, en el momento de su arresto, se encuentran a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera.
Esa norma para las llamadas "devoluciones en caliente" solo puede ser impuesta a mexicanos y canadienses, aunque Trump intentó sin éxito extenderla a los centroamericanos al comienzo de su mandato.
Poco después del tuit de Trump, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los principales grupos de Estados Unidos en la defensa de los derechos civiles, emitió un comunicado para avisar de la ilegalidad de la propuesta y pedir a los miembros del Congreso que expresen su rechazo.
"Lo que el presidente Trump ha sugerido aquí es tanto ilegal como inconstitucional. Cualquiera que haya jurado defender la Constitución y las leyes debe rechazarlo inequívocamente", dijo Omar Jadwat, director del proyecto de ACLU destinado a defender los derechos de los inmigrantes.
En los últimos días, Trump ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración ilegal en un aparente intento por alejar el foco mediático de las familias separadas en la frontera.
Con sus duras declaraciones, Trump parece querer justificar su política de "tolerancia cero", que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, algo que antes no se hacía y que originó la separación de los niños de sus padres cuando estos eran privados de libertad.
Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.
Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Gobierno de Trump ha pedido a la Justicia que amplíe ese límite.
Además, para ayudar al presidente, un grupo de legisladores republicanos está preparando una ley que acabaría con ese tope de 20 días y quieren que sea votada la semana próxima, informaron medios locales.
La próxima semana, la Cámara de Representantes tiene planeado votar sobre otra iniciativa de carácter más moderado conocida como "Compromiso" y que ofrece 25.000 millones de dólares para el muro a cambio del acceso a la ciudadanía para los indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, conocidos como "soñadores".
Mientras tanto, el Gobierno ya ha comenzado el proceso para reunificar a los niños que fueron separados de sus padres.
Hasta ahora, las autoridades han reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque 2.053 menores siguen recluidos, según datos publicados el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional.
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