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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa endureció su respuesta frente al paro nacional indígena que este domingo cumplió dos semanas, al decretar un estado de excepción en diez provincias de la Sierra y la Amazonía. La medida, según el decreto presidencial, se justifica “por la causal de grave conmoción interna” y tendrá una duración de 60 días.
“De esta manera se precautelará el orden público, la seguridad interna y el bienestar ciudadano”, afirmó el Ejecutivo en un comunicado oficial difundido la noche del sábado, tras varios días de tensión y choques con los manifestantes.
Las provincias bajo excepción son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, que se suman a Carchi e Imbabura, epicentro de las protestas durante las dos primeras semanas del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
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La movilización, que ya ha paralizado buena parte del país, responde a la decisión del gobierno de retirar la subvención directa al diésel, lo que ha incrementado los costos del transporte y afectado el trabajo agrícola. Se trata del mismo motivo que desencadenó las revueltas de 2019 y 2022, que también fueron encabezadas por la Conaie y dejaron un saldo de muertos, heridos y graves pérdidas económicas.
El Ejecutivo sostiene que el estado de excepción busca restablecer la seguridad y la libre circulación, ante los bloqueos de carreteras y actos de violencia que, según el decreto, “ponen en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de los ciudadanos, además de los sectores estratégicos del Estado”.
Los disturbios han dejado ya un saldo trágico. Efraín Pérez, indígena kichwa de 46 años, murió el pasado domingo tras recibir un disparo en el pecho durante los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. A ello se suman imágenes de militares secuestrados y golpeados, así como el ataque a un convoy presidencial que encabezaba Noboa, hechos que precipitaron la decisión del mandatario tras el fracaso de los intentos de diálogo de los últimos días.
La situación se ha agravado con las amenazas de la Conaie de “radicalizar el paro” e incluso repetir la toma de Quito, como ocurrió en las grandes movilizaciones de 2019 y 2022 que pusieron contra las cuerdas a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
“Se nos va a acabar la paciencia, señor presidente. ¡Cuidado, cuidado! Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos. ¡Y vamos a decir Quito, luz de América!”, advirtió Marlon Vargas, presidente de la Conaie, durante un acto en la provincia de Pastaza.
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El anuncio del estado de excepción otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de movilizar tropas, restringir reuniones y limitar derechos de circulación, mientras la capital ecuatoriana permanece en alerta.
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