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La Corte Suprema de Estados Unidos permitió, por segunda vez, que el presidente Donald Trump retire las protecciones temporales contra la deportación (TPS) a unos 300.000 venezolanos que residen en el país, en un fallo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro migratorio de esa comunidad.
En una breve orden, la mayoría conservadora del tribunal respaldó la decisión de la administración, mientras que los tres jueces progresistas expresaron su disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson fue la única que dejó constancia escrita de su oposición, calificando la resolución como “otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia”.
Jackson advirtió que la Corte estaba permitiendo a la Casa Blanca “perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”, en un proceso que consideró apresurado y sin las garantías suficientes para evaluar el impacto humano de la medida.
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La orden judicial responde a una solicitud del Gobierno de Trump presentada a inicios de mes, después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara la cancelación del TPS para los migrantes venezolanos. El tribunal ya había emitido un fallo similar en mayo, pero ahora ratificó su postura argumentando que “los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no han cambiado”.
El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso en 1990 para ofrecer un alivio migratorio a personas procedentes de países afectados por guerras, catástrofes naturales u otras crisis graves. Venezuela fue incorporada en marzo de 2021, cuando el gobierno de Joe Biden otorgó el beneficio en medio del deterioro político, económico y humanitario del país sudamericano. Posteriormente, en 2023, la administración amplió la medida y, semanas antes de entregar el poder, extendió las protecciones por 18 meses adicionales.
La decisión de anular esa extensión corresponde al actual gobierno de Trump, que sostiene que las condiciones en Venezuela ya no justifican el TPS. Los demandantes —inmigrantes venezolanos amparados por este estatus— argumentaron que la revocación violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, al carecer de un proceso regulatorio adecuado, y denunciaron que la medida estuvo influenciada por prejuicios raciales y políticos.
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Durante su primer mandato, Trump había reconocido a Venezuela como “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental”, pero optó por ofrecer a algunos de sus migrantes otra vía de alivio temporal distinta al TPS. Ahora, con esta segunda autorización de la Corte Suprema, la administración tiene vía libre para avanzar en la cancelación definitiva de las protecciones que habían permitido a cientos de miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.
