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Con la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por su papel en el intento de golpe de Estado, el Supremo Tribunal Federal (STF) abrió el camino para que el exmandatario y otros siete acusados enfrenten penas que, en algunos casos, podrían significar años de reclusión en régimen cerrado antes de optar por beneficios penitenciarios.
Según explicó el profesor de derecho penal Daniel Kakionis Viana, los delitos atribuidos a Bolsonaro implican una progresión más lenta de la pena. “Entiendo que los delitos que llevaron a la condena de Bolsonaro se ajustan a la hipótesis de progresión después del cumplimiento del 25% de la pena, y no a la hipótesis del 16%”, señaló. En la práctica, esto significaría que el expresidente debería pasar más de seis años en prisión antes de aspirar a un régimen semiabierto.
La sentencia aún no es definitiva. La defensa cuenta con un plazo de cinco días para presentar mociones de aclaración. Posteriormente, la Primera Sala del STF analizará las apelaciones, un proceso que podría prolongarse hasta el próximo mes. Solo cuando se emita la llamada “guía de cobro”, que formaliza el inicio de la condena, se definirá dónde cumplirá Bolsonaro su pena.
Especialistas recuerdan que existe la posibilidad de que la defensa solicite arresto domiciliario, alegando razones humanitarias vinculadas a la edad o al estado de salud. La abogada penalista Ana Krasovic recordó que “la Corte Suprema entiende que, en circunstancias excepcionales, el régimen domiciliario puede aplicarse incluso en los casos en que la pena impuesta implique un régimen semiabierto o cerrado”.
El antecedente más reciente es el del expresidente Fernando Collor de Mello, quien fue trasladado a su domicilio tras pasar cinco días en una prisión de Maceió y alegar problemas de salud. En el caso de Bolsonaro, los escenarios posibles incluyen instalaciones de la Policía Federal en Brasilia, batallones de la Policía Militar o dependencias de las Fuerzas Armadas, que disponen de salas especiales para expresidentes.
El hecho de que Bolsonaro tenga más de 70 años influyó en la reducción parcial de su condena. El magistrado Alexandre de Moraes explicó que aplicó una rebaja de un sexto, prevista en el Código Penal como atenuante para mayores de esa edad. Sin embargo, la condición de “líder de la organización criminal” le supuso un agravante que aumentó sustancialmente la pena.
Más allá de la prisión, el fallo deja al expresidente en un limbo político. Con la legislación vigente, Bolsonaro quedaría inhabilitado hasta 2060, dado que la inelegibilidad se extiende por ocho años después de cumplida la pena. No obstante, una reciente reforma aprobada por el Congreso —y pendiente de promulgación por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva— limitaría esa inhabilitación a ocho años desde la condena, lo que habilitaría a Bolsonaro para volver a aspirar a un cargo en 2033.
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En paralelo, los militares condenados en el mismo proceso podrían perder sus grados y salarios, según lo que determine el Tribunal Superior Militar. La medida afectaría a quienes recibieron penas superiores a dos años.
El futuro inmediato de Bolsonaro, por tanto, dependerá de las decisiones del STF sobre los recursos pendientes y de la interpretación de la ley en torno a su encarcelamiento y su eventual inelegibilidad.
