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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este miércoles su visita oficial a Perú, con el objetivo de verificar de las protestas que sacuden al país desde diciembre y en las que han muerto 47 personas.
Representantes de ese organismo se reúnen inicialmente con la presidenta Dina Boluarte, para conocer más de la crisis política que se presenta en ese país desde hace varios meses.
El vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Stuardo Ralón, arrancó su "visita de observación" con una reunión en el Palacio de Gobierno en el centro histórico de Lima, con Boluarte, con el objetivo de "recibir información del contexto actual" en el país.
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Tras este encuentro en el que también participó el comisionado Joel Hernández, Ralón declaró que la idea de la misión es "tener la escucha más amplia posible de todas las voces", de la sociedad civil, a través de una agenda "enfocada a desplazarse fuera de Lima".
En este sentido, señaló que la delegación tiene previsto reunirse con varios congresistas en la capital y trasladarse a las regiones de Ica y Arequipa, aunque evalúa también llegar a otras zonas del país.
El relator lamentó las muertes ocurridas en los últimos días en las protestas, "tanto de personas que se encontraban manifestando como también algún miembro de fuerzas de seguridad" y afirmó que la delegación dará una rueda de prensa de conclusiones el viernes, al término de su visita al país.
Entre tanto, otro grupo de la delegación de la CIDH integrado por el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, viajó a la región de Ica para reunirse "con víctimas y familiares y con organizaciones sociales".
La visita de este organismo a Perú comienza dos días después de que el país viviera el día más sangriento desde que se iniciaron las protestas en diciembre pasado, luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el autogolpe fallido de su predecesor, Pedro Castillo, quien se encuentra bajo la figura de prisión preventivapor rebelión.
Cabe mencionar que el pasado 9 de enero se registraron violentas protestas en la ciudad de Juliaca, ubicada en la sureña región de Puno, colindante con Bolivia, exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones en 2023, dejando 18 fallecidos y elevando la cifra de muertos a 47 desde diciembre.
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Tras estos enfrentamientos, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), urgieron a las autoridades a cesar el uso "indebido de la fuerza contra la población civil" y asegurar el respeto de los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno peruano formalizó este miércoles la imposición del toque de queda en la zona durante tres días, desde las 20.00 horas hasta las 4.00 del día siguiente y declaró este miércoles "días de duelo nacional".
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