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Este lunes 16 de enero el Ministerio Público de Guatemala anunció que iniciará acciones legales en contra de Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por hacer parte del escándalo de Odebercht en este país, mientras se encontraba trabajando en la Comisión Internacional contra la impunidad (Cicig).
Los señalamientos los está realizando el fiscal Rafael Curruchiche, quien en diálogo con La FM mencionó que no entiende la reacción del gobierno colombiano ante la apertura de una investigación en contra de Velásquez.
“Él tenía conocimiento y participó de manera directa con Odebrecht”, mencionó.
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En esta misma medida, aseguró que "hasta el momento no hemos girado ninguna orden de aprensión contra el señor Velázquez", por lo que hasta ahora se está abriendo una investigación en contra del ministro colombiano.
En este caso de corrupción de Odebrecht, también fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig. “La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche.
Iván Velásquez está siendo acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, al parecer de manera anómala, con dos directivos brasileños de la constructora en 2017, fecha en la que era jefe de la Cicig en Guatemala (2013 -2017).
"Él participó en la pérdida de 384 millones de dólares de Guatemala", mencionó el fiscal Curruchiche, quien además agregó que "hasta el momento no nos consta que él haya recibido dineros de esos sobornos que hizo la compañía Odebrecht".
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A esta investigación también se suma la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien viajó a los encuentros con miembros de la empresa brasileña con el aval del ahora ministro de Defensa. "También viaja la abogada colombiana con el visto bueno de Velásquez, cuando no tenía la facultad para hacerlo".
Con respecto a los cargos de delitos de los cuales podría ser imputado y de os que tendrá que responder, el fiscal guatemalteco mencionó que son "conspiración, obstrucción de justicia, asociación ilícita, abuso de autoridad", lo que le acaecería "una pena de 20 a 25 años de prisión".
