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El gremio de los camioneros junto con el gobierno chileno y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en representación de los empresarios del sector, llegaron a un acuerdo que finalizó de forma definitiva ocho días movilización y el retorno a la normalidad en las carreteras de ese país.
El acuerdo cerrado aborda los reclamos de los transportistas para mayor seguridad en las rutas y el freno al alza del precio de los combustibles, este último negociado directamente con los empresarios que fijan los precios.
“La CPC estuvo sentada con los dirigentes y llegaron a un acuerdo para garantizar que cuando suban los combustibles, aquellos pequeños o medianos camioneros tengan un trato justo, lo que tiene que reflejarse en tarifas justas”, sostuvo Juan Sutil, presidente de la CPC.
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Destacó "la voluntad de los transportistas de retirarse de los puntos en los cuales se encuentran y permitir que esto vuelva a la normalidad para el bien de todos los chilenos, para el abastecimiento del país y que puedan trabajar los agricultores, para que pueda volver la normalidad”.
Por su parte, el dirigente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), Freddy Martínez, declaró que se logró “avanzar en muchos puntos que tienen que ver con sostener un acuerdo de trabajo conjunto para mejorar las condiciones tarifarias y participar con los generadores de carga del país, que representan el gran empresariado, para poder con ellos mejorar la economía del camionero que tiene menos camiones”.
Entre otros puntos, el acuerdo alcanzado contempla congelar el precio del combustible durante cuatro meses, un alza tope de $15 pesos por litro (menos de un céntimo de euro) cada 21 días y una inyección de 1.500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en la Ley de Presupuestos 2023.
También recoge la creación de una mesa de trabajo tripartita integrada por los ministerios de Transportes y de Economía, los empresarios y los camioneros, "para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte".
El paro que empezó el 21 de noviembre, se extendió por ocho días con bloqueos en distintas carreteras del país.
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Según los últimos datos difundidos por la prensa local, 17 personas fueron detenidas en el contexto de las movilizaciones y el Gobierno presentó 31 querellas contra varios dirigentes del gremio, en distintas regiones por la Ley de Seguridad del Estado.
La extensión de la protesta había provocado que algunas ciudades ya resintieran desabastecimiento de combustible y alimentos, según difundieron diversos medios locales.
Las movilizaciones de transporte en Chile tienen un impacto grande y directo en su economía, ya que no hay una alternativa al tránsito terrestre, lastrado por la falta de interés en el desarrollo de una amplia red ferroviaria durante la dictadura.
