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La Fiscalía de Perú presentó este martes una iniciativa legislativa para facultar que jueces y fiscales puedan decidir sobre la disposición de cadáveres que afecten al orden público, ante el vacío legal que aún mantiene en vilo el destino de los restos del fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán.
El proyecto de ley presentado al Congreso por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, modifica el articulo 114 de la Ley General de Salud y permite que "el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, pueda disponer el destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público".
De esta manera, de aprobarse la propuesta de ley, los operadores de la Justicia podrán ponderar los derechos de los familiares ante un interés social o estatal más amplio.
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La clara intención de la norma es que sea aplicada en el caso de Guzmán, el fundador de la banda terrorista Sendero Luminoso, fallecido el último sábado en su celda de la Base Naval del Callao.
VACÍO LEGAL
De hecho, esta iniciativa legal busca solucionar la ausencia de un marco jurídico y de una regulación específica sobre la disposición de cadáveres en situaciones especiales como la que se presentó con Guzmán, que de momento sigue en la morgue del Callao a la espera de que el Ministerio Público tome una decisión definitiva.
Al tratarse de un caso no contemplado en la normativa actual, las autoridades peruanas llevan tres días inmersas en el dilema sobre el destino que se les dará a los restos de este criminal, responsable como líder de Sendero Luminoso de miles de muertos entre los años 1980 y 2000 en el Perú.
La legislación vigente establece que los cadáveres sean entregados a los familiares directos del fallecido, siempre y cuando no haya una investigación en curso, pero el Gobierno insiste en la necesidad de evitar una tumba que provoque homenajes de sus seguidores, razón por la cual varios ministros y congresistas han sugerido que sea incinerado.
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PEDIDO DE LA ESPOSA
Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán —y, como él, también condenada a cadena perpetua por terrorismo— pidió con la solicitud de un hábeas corpus que se permitiera a una allegada retirar el cadáver, medida que fue rechazada por la Justicia, que no consideró que la disposición del cuerpo de Guzmán evidencie una vulneración a la integridad personal o la libertad religiosa de la terrorista.
El mismo día del deceso de Guzmán, su esposa hizo unas llamadas telefónicas desde el penal de mujeres de Chorrillos, en el que está recluida, a sus simpatizantes y el audio fue compartido.
En esa comunicación, Iparraguirre presuntamente pidió "honor y gloria" a Guzmán y agregó que seguirán "su ejemplo de comunista hasta el fin".
A raíz de esas llamadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que había dispuesto la incomunicación de Iparraguirre porque esas intervenciones "ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo" y vulneran las normas de seguridad penitenciaria.
La autoridad penitenciaria le abrió un proceso disciplinario y ordenó su traslado a un sector de máxima seguridad.
INCINERAR A GUZMÁN
De ser aprobada la propuesta de la Fiscalía, la cremación del líder terrorista sería una alternativa viable.
En este sentido, el Ministro del Interior, Juan Carrasco, reveló este martes que el Gobierno del izquierdista Pedro Castillo está trabajando en otra iniciativa legislativa para dar luz verde a la incineración del cuerpo del cabecilla de Sendero.
"Desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo un proyecto de ley que dará a conocer el presidente de la República a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán", aseguró el ministro en declaraciones a SolTVPerú.
Además, Carrasco insistió en la importancia de quemar el cadáver para evitar "un tema de apología del terrorismo en el país".
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