La FM en Google News
Brasil medirá este jueves el impacto de la decisión adoptada de madrugada por la corte suprema, que dio luz verde a la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, figura política central desde hace cuatro décadas y favorito para las elecciones de octubre.
El líder de la izquierda, que según juristas podría ser detenido la próxima semana, cuando su defensa agote sus últimos recursos, aún no ha reaccionado al fallo y se ignora la determinación de sus aliados para contraatacar después de lo que consideran una condena injusta.
Los mercados, que en los últimos días daban señales de inestabilidad ante la posibilidad de que Lula pudiera apelar en libertad su condena a más de 12 años de cárcel, respirarán probablemente aliviados.
Y el presidente conservador Michel Temer y muchos de sus aliados deberán evaluar si lo que ocurrió los librará sobre todo de un rival político de talla o, más bien, los dejará más expuestos a los fiscales y jueces de la Operación Lava Jato.
Esa megainvestigación desvela desde hace cuatro años una gigantesca red de sobornos en Petrobras, que salpicó prácticamente a todos los partidos y a empresarios de primer plano.
Lula, de 72 años, fue precisamente condenado en enero pasado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en esa trama.
El exmandatario (2003-2010) pretendía conservar su libertad hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico brasileño. Pero con un apretado resultado de 6 a 5, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazaron el recurso (habeas corpus). De haberlo obtenido, su proceso hubiera podido alargarse meses, sino años.
"La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad" , dijo la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el voto que selló el resultado.
Elecciones inciertas
El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil, aclamado internacionalmente por sacar de la pobreza a millones de brasileños, siguió el debate en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Y avanzada la noche regresó discretamente a su departamento en carro, en la misma localidad.
El Partido de los Trabajadores (PT), que Lula cofundó en 1980, prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial "hasta las últimas consecuencias".
El Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas en Twitter: "No es solo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa".
Pero también hubo fuegos artificiales y festejos en Brasilia de los detractores de esta figura que divide profundamente a los brasileños y que fue considerado como el "comandante máximo" de la red de corrupción en Petrobras por el jefe de fiscales de la Operación Lava Jato.
El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: "El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad".
Pero incluso si Lula evitara la cárcel, su candidatura seguiría en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.
¿Cómo afectaría la ausencia de Lula en las elecciones del gigante latinoamericano?
Ante esa posibilidad cada vez más plausible, los analistas anticipan los comicios más inciertos desde la vuelta de la democracia en Brasil en 1985.
El diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, segundo en intención de voto según las encuestas, aún no se pronunció sobre el fallo del Supremo pero sus seguidores sueñan desde hace meses en ver a Lula entre rejas.
