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Una comisión creada por el gobierno de Birmania negó que las fuerzas gubernamentales hayan cometido abusos contra miembros de la minoría musulmana rohinyá, como denunciaron activistas en favor de los derechos humanos y puede observarse en un reciente vídeo grabado por soldados birmanos.
En un informe, publicado en el diario oficialista "Global New Light of Myanmar", la comisión oficial asegura que "no ha encontrado suficientes evidencias" sobre las denuncias de violaciones, saqueos y ejecuciones sumarias presuntamente perpetradas por el Ejército birmano.
El gobierno birmano designó la comisión a principios de diciembre con el encargo de aclarar las causas del asalto armado del 9 de octubre contra tres puestos de la policía fronteriza, atribuido a insurgentes rohinyá, en el estado Rakhine, oeste del país, y que desató una campaña de represalia militar en la región.
Las autoridades niegan las acusaciones y mantienen que la actuación de las fuerzas de seguridad fue de acuerdo con la ley, una afirmación que también sostiene la comisión encabezada por un antiguo miembro de la junta militar que rigió el país durante casi medio siglo.
El comunicado oficial fue publicado días después de producirse el arresto de cuatro policías, entre el autor del vídeo divulgado el fin de semana, que recoge las humillaciones y los que propinan las fuerzas de seguridad a personas indefensas de la minoría musulmana rohinyá.
Al menos 30.000 civiles, la mayoría de esta minoría musulmana, han sido desplazados por la violencia en la zona, cerrada por el Ejército birmano al acceso de ayuda humanitaria, de la que dependían unas 150.000 personas, y observadores independientes.
Human Rights Watch acusa al Ejército de la quema de 1.500 casas desde el inicio de la campaña militar y exigió la apertura de la zona a la ayuda humanitaria, lo que también han reclamado la ONU y catorce misiones diplomáticas en el país. El documento oficial niega la destrucción de los edificios.
Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados internos.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
