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La fiscalía peruana, en la reapertura de un caso que se remonta a hace 25 años, aseguró que el expresidente Alberto Fujimori y otros exfuncionarios se aprovecharon de "la poca educación" de miles de mujeres peruanas, la mayoría indígenas, para esterilizarlas de manera forzada.
"Aprovechándose de su poca educación, cometieron estos crímenes vulnerando sus derechos humanos, cuyas secuelas duran hasta hoy", dijo el fiscal Pablo Espinoza, quien los acusó de crímenes contra los derechos humanos durante una audiencia virtual. "Las víctimas están esperando más de 20 años por justicia", agregó.
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El juicio ha salpicado a la hija del exmandatario, Keiko Fujimori, quien se encuentra en campaña por el balotaje presidencial del 6 de junio contra el izquierdista Pedro Castillo.
"Los hechos aislados denunciados por esterilizaciones forzadas no eran una política de Estado", dijo Keiko al canal N de televisión en defensa de la inocencia de su padre.
"Hay denuncias al respecto y esto se tiene que investigar", acotó quien podría convertirse en la primera mujer en gobernar Perú si gana la elección.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte de un programa de planificación familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
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El expresidente de ancestros japoneses, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000. Fujimori -que cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en 2007.
Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos exfuncionarios locales acusados.
Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser "autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos" contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.
La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las tropas. También está el caso de una mujer que falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención.
