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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que las mesas técnicas adelantadas con la Contraloría General de la República dejaron al descubierto un delicado panorama sobre el estado de las finanzas públicas que recibirá el Gobierno de Abelardo De La Espriella a partir del próximo 7 de agosto.
Entre los principales hallazgos, mencionó un déficit cercano a los 30 billones de pesos para el presupuesto de 2027 y una alerta por obras inconclusas que comprometen recursos públicos por decenas de billones de pesos.
“Hemos encontrado una delicadísima evolución de los datos de las finanzas públicas del país. Una tronera fiscal de casi 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027, un aumento en el gasto por deuda, cuando siguen estancados los gastos de inversión, y unos ingresos que, a juicio de la Contraloría, no son ciertos”, afirmó Restrepo al término de las mesas técnicas.
El vicepresidente electo agregó que ese panorama evidencia “una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”, al considerar que la situación fiscal representa uno de los principales desafíos que deberá afrontar la nueva administración desde el inicio de su mandato.
Alerta por elefantes blancos
Restrepo reveló que la Contraloría entregó una alerta sobre proyectos de infraestructura inconclusos que requerirán millonarios recursos para evitar su abandono definitivo.
“Recibimos de la Contraloría General de la República una alerta por elefantes blancos. Obras que tendrán que ser rescatadas por casi 54 billones de pesos y obras irrecuperables de infraestructura por casi 214.000 millones de pesos”, señaló.
Según explicó, estos proyectos representan una preocupación por el impacto que tienen sobre los recursos públicos y por las decisiones que deberá adoptar el Gobierno entrante para definir cuáles iniciativas podrán recuperarse y cuáles ya no tienen viabilidad.
Un panorama que preocupa al Gobierno entrante
Restrepo añadió que encontró un panorama crítico en varios sectores estratégicos del Estado. Según dijo, la situación evidencia “una profunda irresponsabilidad, grave falta de planeación y de ejecución” por parte del gobierno saliente.
En materia de transporte, afirmó que durante 2025 la ejecución real de los recursos apenas llegó al 13 %, a lo que se suman cambios en las reglas de juego y controversias contractuales que, según dijo, podrían representar pretensiones fiscales cercanas a los 14 billones de pesos para la Nación.
En el sector de minas y energía, Restrepo advirtió sobre un “riesgo severo de falta de liquidez” por el incumplimiento en el pago de los subsidios de gas y energía. Señaló que las deudas ascienden a 5,6 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones corresponden a Air-e.
Además, indicó que existen obligaciones cercanas a un billón de pesos con distribuidoras de energía y 700.000 millones de pesos con distribuidoras de gas.
“Eso genera un riesgo sistémico en un momento desafiante en materia energética por el fenómeno de El Niño”, aseguró.
También sostuvo que el gobierno entrante solo encontró financiado el 25 % de las obligaciones de subsidios para este año, por lo que “tendremos que hacer un gran esfuerzo fiscal para cumplir con esa obligación, pero eso lo único que demuestra es irresponsabilidad por parte del gobierno saliente”.
“Reforma agraria falsa”
En agricultura, el vicepresidente entrante aseguró que la reforma agraria “fue falsa y no cumplió”. Explicó que de la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas, únicamente se alcanzó un cumplimiento del 18 % y afirmó que las tierras adjudicadas presentan problemas de formalización.
“Hoy, 45.500 familias colombianas no tienen tierras garantizadas con títulos formales. Eso significa que la reforma agraria fue falsa y no cumplió con las expectativas que se tenían previstas”, manifestó.
Finalmente, en el frente de inclusión social, sostuvo que el gobierno entrante no encontró recursos suficientes para financiar el programa Adulto Mayor, con un faltante estimado en 3,2 billones de pesos.
Además, aseguró que, de acuerdo con hallazgos de la Contraloría, en la estrategia de atención primaria a la primera infancia se identificó la contratación de personal que “no es competente para atender a la primera infancia”. “Esto es aberrante, porque los niños deben ser sagrados en nuestro país”, concluyó.
¿Qué dijo la Contraloría?
Al término del proceso, que se desarrolló entre el 8 y el 31 de julio y que incluyó 62 encuentros sectoriales con el propósito de compartir información relacionada con el estado de diferentes áreas de la administración pública, el vicecontralor, Carlos Enrique Silgado, afirmó que la información corresponde a reportes obtenidos dentro de las funciones de vigilancia y control fiscal que ejerce la Contraloría sobre las entidades bajo su supervisión.
Según el funcionario, el ejercicio de control fiscal que desarrolla tiene un carácter técnico, preventivo, objetivo e independiente, orientado a aportar información sobre el estado de los recursos públicos y advertir de manera oportuna sobre riesgos identificados durante sus labores de vigilancia. En ese contexto, sostuvo que su actuación no corresponde a la de un actor político ni hace parte de ningún gobierno.
“Hoy podemos decir que el gobierno entrante tiene un diagnóstico técnico totalmente objetivo y confiable, producto del ejercicio de nuestro órgano de control. Es nuestra misión constitucional, no tiene ninguna connotación política, quiero ser reiterativo en eso. Es un insumo técnico con aras de que el gobierno entrante pueda hacer lo mejor posible en beneficio de los más de 50 de colombianos que están esperando un gobierno que cumpla las expectativas”, aseguró.
