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La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó los incentivos tributarios a los contribuyentes, deudores responsables, agentes retenedores y demás obligados con los agentes territoriales en medio de la pandemia por el coronavirus.
Esos beneficios tributarios permitían que los deudores pagaran una parte de la deuda y sin intereses ni sanciones así: Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagaría el 80 % del capital sin intereses ni sanciones; entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagaría el 90% del capital sin intereses ni sanciones; entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagaría el 100% del capital sin intereses ni sanciones.
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Esa decisión, se dio al tumbar el artículo siete del decreto 678 que estableció medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales en medio de la emergencia económica y social por la pandemia.
En esa misma decisión la Corte también tumbó los plazos que tenían los alcaldes y gobernadores para pagar sus deudas tributarias.
Se trata del artículo seis de ese mismo decreto, el cual permitía a los gobernadores y alcaldes durante el término de la pandemia, diferir hasta en 12 cuotas mensuales y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de "sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021".
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Otra modificación que hizo la Corte fue declarar ilegal el artículo nueve de ese mismo decreto sobre el desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Ese artículo establecía que las entidades territoriales que hubieran alcanzado una cobertura igual o superior al 80 % de su pasivo pensional en el sector central, podrían solicitar los recursos que superaran dicho porcentaje con que cuentan en el Fondo.
