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Según afirmó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, “las grandes compañías deben comprometerse a prevenir las conductas de soborno transnacional y están obligadas a cumplir con las nuevas normas".
El directivo invitó también a las demás sociedades "a que se unan al esfuerzo anticorrupción y fortalezcan sus exigencias en materia de ética empresarial”.
De acuerdo con la Resolución 100-002657 de 2016, las compañías obligadas a cumplir la nueva regulación, son las que tienen relación con sectores como la construcción, industria manufacturera o minería y energía con activos e ingresos brutos por más de 150.000 salarios mínimos legales (SML) y de 2.000 empleados directos o más.
También empresas del sector de Tecnologías de la Información y la comunicación con activos e ingresos brutos por más de 500.000 SML y una planta de 1.000 empleados directos o más.
Y compañías farmacéuticas con más de 75.000 SML en activos e ingresos brutos y una planta de más de 2.000 empleados directos o más.
El superintendente Reyes Villamizar recalcó que estudios realizados por diversos centros de investigación sostienen que los actos de corrupción cuestan alrededor del 5% del PIB mundial.
“Las sanciones para las empresas que sean condenadas por soborno transnacional pueden llegar a los 200.000 salarios mínimos (US$40 millones) y conducir a la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años”, agregó el Reyes Villamizar.
