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Igualmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra siete altos directivos de estas empresas, por presuntamente haber colaborado y autorizado estás conductas anti-competitivas investigadas.
Según el Superintendente, Pablo Felipe Robledo, la investigación se inició luego de la información suministrada por una de las empresas investigadas, la cual ingresó al programa de beneficios por colaboración.
Las empresas implicadas en este caso de cartelización habrían tenido ventas en el mercado de tubos de concreto por un valor de $250 mil millones.
Según Robledo, este cartel funcionó por una década. Dentro de las pruebas de la SIC reposan declaraciones, correos electrónicos, reuniones y archivos digitales, que dan cuenta de cómo se ejecutó este cartel empresarial.
"Hay declaraciones en donde se relata cómo en las reuniones del presunto cartel empresarial había preocupación entre ellos, de cómo fijar los precios y además, lo que se dice es que la preocupación de los altos directivos era seguirse comunicando por medio de correos electrónicos para que la SIC no pudiera hacer esta identificación y empezaron a usar herramientas no convencionales ", precisó Robledo.
