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Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo para 2026, la cifra del 23% ya empezó a generar ajustes en la estructura de costos de las empresas en Colombia. Cabe recordar que el monto quedó fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, lo que impacta no solo a quienes devengan este ingreso, sino también a esquemas de remuneración atados directamente a ese referente.
Uno de los efectos más visibles se registra en el salario mínimo integral, modalidad utilizada para trabajadores con ingresos superiores a diez salarios mínimos. Con el ajuste de 2026, este tipo de salario ascendió automáticamente a $22.761.765 mensuales, lo que llevó a múltiples compañías a revisar sus estructuras financieras y contractuales.
Valeria Martínez, senior de Servicios Legales de KPMG en Colombia, le dijo a La FM que el impacto es transversal. Según explicó, el incremento del salario mínimo afecta figuras como el salario integral, que incluye prestaciones sociales, recargos, horas extras y otros conceptos —con excepción de las vacaciones—, lo que obliga a las organizaciones a replantear sus estrategias de compensación.
¿Qué decisiones están tomando las empresas tras el aumento del salario mínimo?
De acuerdo con Martínez, se observa una tendencia creciente a trasladar trabajadores que estaban bajo la modalidad de salario integral hacia esquemas salariales ordinarios. En estos casos, se garantiza como mínimo el 70 % del salario integral previamente pactado, mientras que el 30 % restante corresponde al factor prestacional que se reconoce durante la relación laboral.
En varios casos, estos ajustes se acompañan de incrementos adicionales atados al IPC, con el fin de mitigar el crecimiento de los costos laborales desde enero sin afectar la estabilidad de los trabajadores ni comprometer la operación de las compañías.
Sin embargo, estos cambios implican revisiones contractuales detalladas, ya que modifican las bases de cálculo de prestaciones sociales, recargos, aportes a seguridad social y parafiscales. Una gestión inadecuada podría derivar en contingencias legales.
Adicionalmente, los trabajadores que permanezcan bajo la modalidad de salario integral enfrentarán una mayor carga tributaria debido al aumento en la base gravable y a la aplicación de tarifas progresivas en el impuesto sobre la renta y la retención en la fuente.
¿Qué pasa si el Consejo de Estado tumba el decreto del salario mínimo?
Al ajuste económico se suma la incertidumbre jurídica. El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado decretó una suspensión provisional del aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026 y otorgó un plazo al presidente para expedir un nuevo decreto con una justificación técnica y legal más detallada.
Según explicó a La FM Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, el alto tribunal consideró que el Gobierno no explicó de manera suficiente los criterios obligatorios establecidos en la Ley 278 de 1996 —inflación, productividad y PIB— y que el concepto de “salario mínimo vital”, aunque reconocido por la OIT, no figura como criterio decisorio en esa norma.
Mientras se expide un nuevo decreto, el salario mínimo vigente sigue siendo el fijado para 2026 y no hay efectos retroactivos. Esto significa que, aun si se llegara a reducir el monto, los valores ya pagados no podrían ser descontados a los trabajadores ni compensados por los empleadores. Tampoco habría lugar a devoluciones por mayores aportes a seguridad social realizados bajo la norma vigente.
En este contexto, las empresas enfrentan un escenario que combina mayores costos laborales inmediatos con un entorno regulatorio en revisión. La respuesta, por ahora, ha sido ajustar esquemas de contratación y reforzar la revisión jurídica de sus políticas salariales, a la espera de una definición definitiva por parte de la justicia contencioso administrativa.
