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El gremio de las pequeñas y medianas empresas Aliadas envió una carta al Ministerio de Trabajo sus consideraciones para la definición del salario mínimo de 2026, insistiendo en que el proceso debe ajustarse a la ley, a la evidencia técnica y a una negociación tripartita efectiva entre Gobierno, empleadores y trabajadores.
En la comunicación, dirigida al ministro Antonio Sanguino, el sector empresarial sostuvo que “un aumento del salario mínimo sin datos, sin ley y sin diálogo real sería una mala noticia para trabajadores, empresas y para el país”.
También señaló que las decisiones deben partir de cifras concretas y metodologías transparentes: “la discusión se debe dar con datos verificables y no basarse en presiones coyunturales”.
Criterios económicos y sociales
Aliadas recordó que el marco jurídico exige que la definición del salario mínimo sea producto del diálogo entre las tres partes. En el mensaje al ministro Sanguino, advirtió que “no puede ser una decisión unilateral ni mediática, sino un proceso institucional con reglas claras y responsabilidad frente al país”.
La organización reiteró que la Comisión Permanente de Concertación debe operar como un espacio real de intercambio técnico, en el que se contrasten estudios y se discutan escenarios antes y durante la negociación.
Aliadas insistió en que la fijación del salario mínimo debe mantener la orientación del Convenio 131 de la OIT, que plantea un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y los factores económicos que determinan la capacidad de las empresas.
En ese marco, subrayó que “mejorar los ingresos es sostenible únicamente si también se protege la viabilidad de las empresas y el empleo formal”.
El documento señala que la discusión debe basarse en un análisis integral que considere inflación observada y esperada, productividad, crecimiento del PIB, variaciones en empleo e informalidad, capacidad de pago de las empresas en especial de las Mipymes, impacto fiscal y efectos esperados sobre inflación futura, tasas de interés y costo del crédito.
Cifras: pluralidad de fuentes y transparencia
Aliadas sostuvo que la evaluación no puede depender de un solo conjunto de datos, y planteó que deben incorporarse cifras del DANE, estudios del Banco de la República, proyecciones del Ministerio de Hacienda, insumos del Ministerio de Trabajo y análisis de centros de investigación.
En esa línea, la organización expresó que “la responsabilidad exige presentar datos con metodologías, periodos y márgenes de incertidumbre, sin ocultar indicadores que incomoden”.
La comunicación concluye planteando que la Comisión de Concertación debe actuar como un escenario donde se compartan estudios, se expongan riesgos y se revisen efectos distributivos, con el fin de avanzar en acuerdos sostenibles y legítimos.
Aliadas reiteró su disposición a participar en la negociación y recalcó que la definición del salario mínimo de 2026 debe darse con rigor técnico y dentro del marco institucional previsto por la ley.
