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El tema principal de discusión para el gobierno colombiano de cara al 2026 es el incremento del salario mínimo. El presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de implementar "un buen decreto de elevación del salario mínimo", y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha clarificado la postura gubernamental al respecto.
La negociación del salario mínimo se lleva a cabo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esta comisión incluye la participación de empresarios, sindicatos y el Gobierno. Si no se llega a un acuerdo entre estas partes, la Constitución faculta al Presidente para fijar el aumento por decreto, como ya ha sucedido en el pasado. La mesa de concertación ya ha sido reactivada, con el análisis de cifras y la presencia de expertos.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha negado que el Gobierno busque saltarse el proceso de concertación. Sin embargo, ha señalado que si no hay acuerdo en la Comisión, el Presidente tiene la potestad legal para decretar el aumento. El gobierno actual ha impulsado incrementos salariales por encima de la inflación, buscando mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, disminuir el desempleo y mantener la inflación controlada.
El Gobierno afirma que la mayoría de los empleos creados son formales y que la reforma laboral busca formalizar a más de 1.5 millones de trabajadores en sectores como plataformas de reparto, trabajo doméstico y aprendices del Sena. Además, el ministro Sanguino sostiene que un incremento "sustancial" del salario mínimo no aumentaría la informalidad, respaldándose en la disminución de este indicador en agosto y vinculando el crecimiento económico y las utilidades empresariales con la capacidad de absorber un alza del salario mínimo.
El Gobierno argumenta que un aumento "sustancial" del salario mínimo no solo mejoraría los ingresos de los trabajadores, sino que también impulsaría la economía y el empleo. Se apoya en el crecimiento económico actual (cerca del 3%) y en las "utilidades millonarias" de los empresarios, sugiriendo que estos deberían entender que al mejorar los ingresos de los trabajadores, se beneficia la economía en general.
La Comisión de Concertación contará con soportes técnicos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estas entidades proporcionarán datos y análisis para fundamentar la discusión.
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Tradicionalmente, la decisión final sobre el aumento del salario mínimo se suele conocer en diciembre, después del "pulso" entre las centrales obreras y los gremios empresariales. En caso de no haber un acuerdo, el Gobierno estará habilitado para expedir el decreto que establezca el aumento del salario mínimo para el 2026.
Según el ministro Sanguino, el Gobierno ha impulsado incrementos salariales por encima de la inflación, lo que ha contribuido a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Además, estos incrementos se vinculan con una disminución del desempleo (8,8%, el más bajo desde antes de la pandemia) y el mantenimiento de una inflación controlada, alrededor del 5%.
