La FM en Google News
La reciente reforma laboral en Colombia ha planteado numerosos retos para las empresas, específicamente en cuanto al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo encuentra la obligación de realizar mediciones ambientales más rigurosas, análisis de riesgos psicosociales, la promoción de la salud mental y física de los trabajadores.
Además, se han establecido requisitos más estrictos para el manejo de ausencias por incapacidades y la implementación de políticas de teletrabajo que aseguren un entorno laboral seguro, lo que podrá generar dificultades en la operación de diferentes compañías.
Le puede interesar: Contralor Carlos Hernán Rodríguez permanecerá hospitalizado: así avanza su recuperación
Pese a que el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, estas nuevas normativas tienen retos para las empresas de Colombia.
"Los servicios de seguridad y salud en el trabajo buscan no solo proteger legalmente a las empresas, sino también lograr una conexión con los empleados. Esto crea una sinergia empresarial que se traduce en un aumento significativo de la productividad", explicó Sandra Sequera Muñoz, directora de servicio de la compañía One Soluciones.
La nueva reforma laboral supuso retos adicionales para las empresas en materia de salud y seguridad, como el manejo de ausencias por incapacidades, el teletrabajo y la creación de culturas organizacionales que favorezcan el bienestar de los empleados.
Más noticias: General William Salamanca sale de su cargo como director de la Policía Nacional
“La metodología de seguridad y salud en el trabajo no debe verse como un gasto. Por el contrario, se convierte en una inversión que trae beneficios económicos y asegura una recuperación tangible del dinero invertido”, añadió Muñoz.
Cabe mencionar que en este 2025, el Ministerio de Trabajo exigió a todas las empresas e independientes reportar su sistema de seguridad y salud en el trabajo, subrayando la importancia de estar al día con estas normativas para evitar sanciones que pueden llegar hasta 1.000 SMLV, e incluso el cierre temporal o definitivo de la empresa.
