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Tras las negociaciones entre los sindicatos del sector público y el Gobierno Nacional, se estableció un incremento salarial del 7% para los empleados públicos en Colombia, vigente desde el 1 de enero de 2025.
Este aumento resulta de sumar 1,8 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que fue del 5,2%. Este ajuste beneficia a aproximadamente 1.250.000 servidores públicos en el país.
Pago retroactivo
El pago retroactivo corresponde a la compensación por la diferencia entre el salario anterior y el nuevo, aplicado desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha en que se implemente el aumento.
Aunque no existe un plazo legal máximo para este pago, el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) recomienda que las entidades lo realicen de manera oportuna para evitar perjuicios a los empleados.
Se aconseja a los trabajadores comunicarse con la oficina de recursos humanos de su entidad para verificar el estado del pago retroactivo y solicitar la información correspondiente.
Cálculo del pago retroactivo
El monto se calcula desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de implementación del nuevo salario en la nómina, dependiendo del salario base y los meses transcurridos. Por ejemplo, para un salario de $3.500.000, el retroactivo acumulado a julio sería aproximadamente $1.470.000 (seis meses).
Este ajuste representa un hito en los acuerdos laborales, ya que la negociación incluyó una revisión integral de beneficios y condiciones que se seguirán discutiendo durante el año.
El pliego de los sindicatos contempló solicitudes con impacto fiscal, como la creación de una prima técnica del 40%, el aumento de la bonificación por servicios al 50%, un incremento de cinco puntos en la prima de antigüedad, un decreto para unificar el pago de horas extras y recargos dominicales, y un proyecto de ley para restablecer la retroactividad de las cesantías.
Por otro lado, el aumento del salario mínimo para 2024 fue del 9,54%, cifra que superó las expectativas de analistas y empresarios. Sin embargo, la falta de consenso entre trabajadores y empleadores refleja la complejidad de estas negociaciones en sectores clave de la economía.
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