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En el marco de un escenario económico retador para este 2025, el sector de la infraestructura es clave en el desarrollo económico, ya que conecta diferentes regiones del país, atrae inversión y se considera como una de las mayores fuentes de generación de empleo.
Ángela Hurtado, presidenta de J.P. Morgan para Colombia, en el marco del foro de perspectivas económicas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) subrayó la necesidad de contar con reglas claras y estables para los proyectos de infraestructura, especialmente aquellos que requieren de un compromiso financiero a largo plazo.
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En ese sentido, advirtió que uno de los mayores desafíos actuales en el país es la incertidumbre creada por las vigencias futuras, un mecanismo utilizado para asegurar el financiamiento de proyectos a largo plazo, pero que en este momento se encuentra limitado por las restricciones fiscales como se ha podido evidenciar en el decreto de aplazamiento de $12 billones en el que se restringen los recursos destinados al metro de Bogotá o de Medellín.
“Sabemos que hay unos retos importantes, particularmente para el sector de infraestructura con las vigencias futuras. Creo que la atracción del sector privado es clave si vinculamos el hecho de que el sector público cada vez va a estar más restringido a poder garantizar que las vigencias futuras es una fuente sensata y certera de financiamiento”, explicó la presidenta de J.P. Morgan para Colombia.
Según la ejecutiva, esta situación plantea serios obstáculos para el desarrollo de infraestructura, especialmente cuando se busca involucrar al sector privado en la financiación de grandes proyectos.
“El sector privado debe ser un motor más robusto en la financiación de proyectos de infraestructura, y para ello es fundamental que se ofrezcan garantías claras y un marco contractual sólido que fomente la inversión y la confianza de los inversionistas”, afirmó Hurtado.
La estabilidad y certeza jurídica, especialmente en lo relacionado con los contratos de infraestructura, son vitales para generar la confianza necesaria en los inversionistas, quienes requieren un marco normativo seguro para involucrarse en proyectos de largo plazo.
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“No podemos seguir dependiendo del sector público, que cada vez está más restringido en su capacidad de inversión”, añadió.
Finalmente, destacó que “es crucial que mantengamos un diálogo sobre cómo generar ingresos tributarios sin castigar al sector privado, ya que una carga fiscal excesiva puede perjudicar la competitividad del país y desincentivar la inversión en proyectos de infraestructura”.
