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Cerca de 116 familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 denunciaron que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) les exige desocupar los inmuebles que recibieron como solución habitacional temporal después de la emergencia. Según la denuncia, alrededor de 16 familias están en Pereira y otras 100 en Cali, y tendrían un plazo de 20 días para abandonar las viviendas.
Entre los afectados hay niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que requieren condiciones específicas de alojamiento y cuidado. Las familias advierten que no cuentan con alternativas habitacionales y que algunas invirtieron recursos propios en reparaciones y adecuaciones de los inmuebles.
La SAE confirmó a La FM que la solicitud de desocupación está relacionada con un trámite administrativo. Sin embargo, este medio envió un cuestionario para conocer los fundamentos jurídicos de la decisión, las garantías para las familias y las posibles alternativas habitacionales. Después de más de 10 días, no había recibido respuesta a esas preguntas.
¿Cómo recibieron las viviendas?
Uno de los damnificados explicó que, después del terremoto, el Gobierno anunció que se habilitarían inmuebles disponibles que no hubieran sufrido daños para atender las necesidades habitacionales de los afectados.
Según su testimonio, un funcionario de la SAE entregó varios inmuebles a la Policía para que fueran asignados a familias policiales afectadas por la emergencia. Posteriormente, los hogares recibieron las viviendas mediante actas con sus respectivos inventarios.
“Nosotros recibimos esos inmuebles confiando en que se trataba de una solución institucional para afrontar la emergencia. En ningún momento nos informaron cuánto tiempo podíamos estar ni nos establecieron una fecha para desocupar”, afirmó.
El damnificado insistió en que las familias no ocuparon los predios por iniciativa propia, sino que accedieron a ellos a través de un procedimiento gestionado por entidades estatales.
“No llegamos por nuestra cuenta ni ocupamos arbitrariamente los lugares. Nosotros recibimos las viviendas a través de un procedimiento institucional, actuando de buena fe”, señaló.
La SAE confirmó que la decisión está relacionada con un trámite administrativo
De acuerdo con el testimonio, el 9 de octubre las familias fueron convocadas a una reunión con un alto mando de la Policía. Allí les informaron que se habían adelantado reuniones con la dirección de la SAE, que se habían solicitado prórrogas y que se habían planteado alternativas para resolver la situación.
Sin embargo, según lo comunicado en ese encuentro, la entidad mantenía la exigencia de desocupar los inmuebles porque el funcionario que los entregó habría cometido errores en el procedimiento administrativo.
La SAE confirmó a La FM que la solicitud de desocupación está relacionada con un trámite administrativo. No obstante, al cierre de esta nota, la entidad no había respondido el cuestionario enviado por este medio para precisar las presuntas irregularidades, el fundamento jurídico del plazo de 20 días y las medidas previstas para atender a las familias.
El afectado aseguró que no recibieron una notificación formal con los fundamentos de la decisión y que únicamente les comunicaron que tenían 20 días para salir.
“Lo más preocupante es que no recibimos una notificación formal ni un documento que explicara la decisión. Solamente se nos dijo que teníamos 20 días para salir y que teníamos que empezar a buscar dónde ir”, manifestó.
Personas con discapacidad y familias sin alternativas de vivienda
Uno de los aspectos que preocupa a los damnificados es la situación de los hogares que tienen integrantes con necesidades especiales de cuidado y movilidad.
Según el testimonio, entre las familias afectadas hay niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. El denunciante explicó que algunos hogares no tienen una red de apoyo a la cual acudir mientras buscan otra vivienda.
Además, señaló que existe el caso de una menor con limitaciones importantes de movilidad que necesita atención permanente y no puede trasladarse a cualquier inmueble, especialmente si tiene escaleras.
“Hay familias sin una red de apoyo que pueda recibirlas mientras resuelven su situación. No se trata simplemente de empacar unas cajas e irse para otro lugar”, afirmó.
El damnificado también advirtió que conseguir una vivienda que reúna las condiciones necesarias representa una dificultad adicional para estos hogares. A la búsqueda de un lugar adecuado se suman los costos de los arriendos y la necesidad de garantizar la continuidad de los cuidados.
“Hay niños que necesitan estabilidad, hay personas que necesitan cuidados, hay adultos mayores que todavía viven con temor por lo ocurrido”, señaló.
Las familias sostienen que la decisión las obliga a buscar una alternativa habitacional en un plazo corto, pese a que algunas todavía afrontan las consecuencias económicas del terremoto y no cuentan con otra propiedad a la cual trasladarse.
Las familias invirtieron recursos en adecuar los inmuebles
Otro de los puntos señalados en la denuncia tiene que ver con el dinero que los hogares destinaron para poner las viviendas en condiciones de habitabilidad.
Según el damnificado, algunos inmuebles llevaban tiempo desocupados y tenían los servicios públicos suspendidos. Por eso, las familias asumieron pagos por reconexiones de agua, energía y gas, además de reparaciones y labores de mantenimiento.
“Todos esos gastos han salido del bolsillo de nosotros. Nosotros no teníamos presupuestado ese dinero, lo destinamos porque necesitábamos un lugar donde vivir después de lo que pasó en el terremoto”, explicó.
El afectado aseguró que no tienen claridad sobre el tratamiento que recibirán esos recursos si deben abandonar los predios.
“No sabemos si existe algún mecanismo para reconocer esas inversiones que hicimos o si simplemente tenemos que abandonar los inmuebles y dejar ahí todo lo que se pagó”, agregó.
Los damnificados advierten dificultades para pagar nuevos arriendos
Los afectados sostienen que el impacto económico de la emergencia se suma a los gastos que asumieron para adecuar los inmuebles entregados por la SAE.
Según el testimonio, algunos hogares perdieron sus viviendas o sufrieron daños importantes, mientras otros registraron pérdidas de muebles, enseres y vehículos.
A esta situación se suma el costo de los arriendos que, de acuerdo con el denunciante, pueden alcanzar entre $3 millones y $5 millones mensuales en algunas de las opciones que han encontrado.
“Nosotros esperábamos que esta solución nos diera un margen razonable para recuperarnos, para reorganizar nuestras finanzas y para buscar una alternativa definitiva, pero nunca nos imaginamos que tendríamos que enfrentar nuevamente la incertidumbre de no saber dónde vamos a vivir”, señaló.
El damnificado afirmó que su familia no tiene otra vivienda disponible y que actualmente busca opciones, aunque los precios y las condiciones de los inmuebles dificultan el traslado.
¿Qué solicitan las familias a la SAE?
Los afectados piden que la entidad revise individualmente sus casos, explique las razones jurídicas y administrativas de la decisión y evalúe la posibilidad de aplazar temporalmente las desocupaciones mientras se estudian alternativas habitacionales.
También solicitan que se establezcan mecanismos de diálogo con las autoridades de Pereira y Cali para determinar qué opciones existen para los hogares que no tienen otro lugar al cual trasladarse.
El denunciante aseguró que las familias no buscan apropiarse de los bienes del Estado, sino que se tenga en cuenta la manera en que recibieron los inmuebles y las condiciones en las que se encuentran después de la emergencia.
“Nosotros no estamos pidiendo privilegios ni pretendemos apropiarnos de los bienes del Estado. Estamos pidiendo que se tenga en cuenta nuestra realidad y que no nos dejen sin una alternativa habitacional después de haber confiado en una solución ofrecida por la entidad pública”, concluyó.
1. ¿Por qué la SAE pide desocupar viviendas a familias damnificadas?
La SAE estaría solicitando la desocupación de inmuebles ocupados por cerca de 116 familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, debido a presuntas irregularidades administrativas en el procedimiento de entrega. Según la denuncia, los hogares tendrían 20 días para salir.
2. ¿Cuántas familias damnificadas deben desocupar viviendas en Pereira y Cali?
Cerca de 116 familias aseguran estar afectadas por la decisión de la SAE: aproximadamente 16 en Pereira y 100 en Cali. Los hogares afirman que recibieron los inmuebles como una solución habitacional temporal después del terremoto.
3. ¿Qué reclaman las familias afectadas por la decisión de la SAE?
Las familias piden revisar sus casos, aplazar las desocupaciones mientras se evalúan alternativas de vivienda y establecer mecanismos de diálogo con las autoridades. También solicitan claridad sobre los gastos que asumieron para reparar los inmuebles y reconectar los servicios públicos.
4. ¿Qué dificultades enfrentan las familias para conseguir otra vivienda?
Los damnificados aseguran que no cuentan con recursos suficientes para asumir nuevos arriendos, que en algunas opciones consultadas pueden costar entre $3 millones y $5 millones mensuales. Además, advierten que entre los afectados hay niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que requieren condiciones específicas de alojamiento.
