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El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Sociedades, expidió el Decreto 854 del 3 de agosto de 2021, el cual establece que a partir de la fecha, las juntas directivas de las empresas tienen la obligación de analizar anualmente los estados financieros, levantar alertas o advertir si ven situaciones de deterioro patrimonial o riesgos de insolvencia.
Según el decreto, en caso tal de evidenciarse este tipo de riesgos, se deben tomar acciones tempranas para evitar crisis mayores como la quiebra de la compañía.
“Esta reglamentación tiene como propósito indicar cuándo se debe verificar la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y establecer las alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, de manera que los administradores y asociados puedan anticipar posibles afectaciones financieras y tomar decisiones oportunas para continuar el normal desarrollo de los negocios, con el fin contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y más empresa, más empleo”, indicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.
El decreto señala que si bien es cierto que se pueden escoger las alertas y criterios, según el modelo de negocio y el sector de la empresa, "existen unos indicadores básicos de referencia que deben ser tenidos en cuenta como punto de partida para realizar el análisis correspondiente, de modo que se generen las alertas necesarias que le permitan a la sociedades actuar oportunamente y así contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y más empresa, más empleo".
Según la Supersociedades, después del 31 de marzo de 2020, cuando empezó la crisis sanitaria y económica, 1164 compañías pidieron acogerse a la ley de insolvencia poniendo en riesgo 41.916 empleos y activos por más de 12 billones de pesos.
El sector con mayores peticiones de insolvencia fue servicios, con 987, seguido de el comercio, con 799; manufactura (616); construcción (381); agricultura (228) y el sector minero, con 63 empresas.
