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Barranquilla ha recibido el Encuentro Nacional de Laboralistas de la Andi, evento en el que se han discutido temáticas del plano laboral de Colombia. Uno de los que normalmente se le brinda enfoque es el de la informalidad laboral que en una fuerte tendencia viene aquejando al país.
Sobre el panorama negativo dio declaraciones Ítalo Cardona, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, remarcando, desafortunadamente, la continuidad de la problemática mencionada como uno de los mayores inconvenientes laborales en el país. “La informalidad laboral sigue siendo uno de los problemas estructurales más complejos”, apuntó el funcionario.
Cardona especificó que para disminuir considerablemente o erradicar la informalidad laboral urgen medidas diferenciadas, teniendo en cuenta las características de cada territorio, sector económico y tipo de actividad.
“La OIT ha mencionado en su estrategia regional que no es posible avanzar en la reducción de la informalidad si no se mejora la productividad”, manifestó.
El participante del Congreso de la Andi enfatizó, de la misma manera, que si la productividad empresarial no crece, seguramente no se mantenga una reducción firme de la informalidad.
Para la OIT, la productividad empresarial es clave
“Si no hay mejoras en productividad, no vamos a tener una reducción sostenida de la informalidad laboral”, resaltó. Siguiendo la misma línea, alertó que Colombia, como otros países de América Latina, se encuentra luchando con rezagos en productividad que limitan la generación de empleo a nivel formal y que cuenten con calidad.
“Se debe fortalecer al sector empresarial mediante iniciativas que faciliten diversificar actividades económicas, mejorar la inserción en los mercados internacionales y cerrar brechas entre las competencias que actualmente demandan el mercado laboral y las habilidades que se hallan disponibles en la fuerza de trabajo”, sostuvo.
De la misma manera, Ítalo Cardona fue crítico en el análisis hacia la informalidad desde una perspectiva territorial y sectorial para diseñar políticas públicas más efectivas.
“Tenemos que construir acciones diversas dependiendo del territorio, del sector y de la naturaleza de la informalidad laboral de la cual se trata”, añadió.
¿Qué piensa del nuevo gobierno y el deseo de reducir al Estado?
El Encuentro Nacional de Laboralistas también sirvió como espacio para su opinión sobre la entrada del nuevo gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, que entre sus ideas centrales, engloban la reducción del Estado.
“Es muy temprano para saber efectivamente qué se va a hacer y qué se va a definir”, indicó.
El representante de la OIT reafirmó la paciencia que se debe tener con el cronograma del nuevo gobierno, con el propósito de evitar imprecisiones.
“Lo más prudente es esperar cuál será la definición programática del nuevo gobierno y cuáles serán las medidas concretas que se adopten”, amplió.
“La OIT ha estado, está y estará comprometida para trabajar con y por Colombia, para promover el diálogo social como un instrumento para entender las diferencias, pero, sobre todo, para construir objetivos comunes que beneficien a todos los colombianos”, finalizó.
La intervención del ministro de trabajo saliente, Antonio Sanguino
El ministro de trabajo saliente, Antonio Sanguino, igualmente participó en el Congreso de la Andi y señaló que recibieron, por ahora, 400 quejas de presunto constreñimiento electoral contra trabajadores y que las investigaciones sobre los casos siguen en curso.
Sanguino explicó que dichas modalidades pueden acarrear sanciones o medidas establecidas por parte del Ministerio de Trabajo.
“Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y expedimos medidas preventivas para evitar que esa conducta se siguiera desarrollando hasta el día de las elecciones. En su mayoría, dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio del Trabajo”, declaró el jefe de cartera.
Asimismo, el ministro de trabajo dio a conocer que, en un alto porcentaje, las quejas provienen de empresas privadas y se constituyen en presuntas presiones y amenazas con pérdida de empleo para votar por determinado candidato. “Son obstrucciones para que pudieran concurrir a las urnas; a veces se establecieron jornadas laborales el día de elecciones para que la gente no pudiera votar”, concluyó.
Por: Víctor Posada.
