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La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció este domingo que no podrán pagarle a los contratistas del organismo, debido a un recorte en el presupuesto del Ministerio Público.
En su cuenta de X, Marín afirmó que "el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo fue definido unilateralmente por el MinHacienda. El monto incluido era menor al solicitado y menor al que se había asignado en 2025".
Marín señaló además que "en el debate en el Congreso, el monto se redujo aún más. Algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó".
La defensora del Pueblo afirmó que "en diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto, y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas".
Y señaló que, "entre las muchas preocupaciones que me genera esta situación, me surge una duda:¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?".
"Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas. Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo", afirmó Marín.
La jefa del Ministerio Público recordó que "la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permite el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial".
"Cada defensor, defensora pública, lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio. Institucional y personalmente hemos seguido insistiendo y lo seguiremos haciendo para lograr el pago lo antes posible", apuntó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Cabe recordar que el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 por 557 billones de pesos, pero no incluyó alrededor de 16 billones de pesos que estaban desfinanciados, por lo que el Gobierno debió enviar una reforma tributaria que el Legislativo terminó por hundir.
Esto motivo a que el Ejecutivo decretara una nueva emergencia económica que este lunes será debatida por el Congreso.
