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La Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, anunció la terminación anticipada de un millonario contrato para la compra de maquinaria destinada al mejoramiento de vías en varias regiones del país, tras detectar presuntas irregularidades en la documentación presentada por el contratista.
De acuerdo con un comunicado emitido por Findeter, se trata del contrato PAF-FONPAZ-CV-042-2026, adjudicado al Consorcio MAQ 2026, “cuyo objetivo era adquirir maquinaria amarilla y volquetas para obras en municipios de Norte de Santander, Nariño y Putumayo, zonas estratégicas para el desarrollo regional y programas de sustitución de cultivos ilícitos”.
Dos convocatorias públicas que no prosperaron
Según la misma entidad, antes de llegar a este contrato se realizaron dos convocatorias públicas que no prosperaron. “La primera fue cancelada por ajustes técnicos y presupuestales”, explicó Findeter y aseguró que la segunda fue declarada desierta porque las propuestas no cumplieron con los requisitos exigidos.
Ante ese escenario hay que agregar que, por solicitud de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se optó por la contratación directa, una figura legal que se aplica cuando los procesos anteriores fallan.
Así mismo, vale la pena recordar que el contrato fue firmado a finales de enero de 2026 e inició ejecución en febrero, tras cumplir con los requisitos y garantías.
Sin embargo, el proceso dio un giro el pasado 11 de marzo, cuando la empresa Dinissan solicitó revisar la documentación presentada por el consorcio. Días después, más exactamente el 24 de marzo, la compañía informó que varias certificaciones incluidas en la propuesta no eran auténticas, no habían sido emitidas por ellos y no coincidían con sus registros.
Findeter declaró incumplimiento del contrato e hizo efectiva cláusula penal
Tras conocer esta información, Findeter presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó explicaciones al contratista. Luego de analizar los descargos, la entidad concluyó que no se logró desvirtuar la presunta falsedad de los documentos.
Como resultado, Findeter declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva una cláusula penal por más de 3.700 millones de pesos, ordenó la terminación anticipada del acuerdo, liberó cerca de 18.600 millones de pesos que no se habían ejecutado y notificó a la aseguradora.
La entidad también explicó que, en este tipo de procesos, las certificaciones de experiencia se presumen válidas bajo el principio de buena fe, y que no tiene facultades para verificar su autenticidad desde el punto de vista penal. Sin embargo, insistió en que actuó con rapidez una vez se detectaron las irregularidades.
Otro punto que genera controversia es que una de las empresas vinculadas al consorcio aseguró no tener conocimiento de su participación en el contrato. Frente a esto, Findeter indicó que actuó con base en los documentos entregados y que cualquier diferencia entre las partes corresponde a un asunto interno entre particulares.
Este caso vuelve a poner en evidencia los retos en la contratación pública en Colombia, especialmente en proyectos clave para mejorar la infraestructura en regiones vulnerables, donde la transparencia y el control de los recursos son fundamentales.
