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En medio de la defensa de la declaratoria de emergencia económica ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que un aumento en la tasa de interés del Banco de la República podría generar presiones inflacionarias.
Ávila explicó que las medidas adoptadas por el Gobierno buscan expandir la demanda agregada y dinamizar la actividad productiva, y señaló que una política monetaria más restrictiva podría tener efectos contrarios.
“Si este proceso llega a verse afectado por tasas de referencia del Banco de la República muy elevadas, o simplemente elevadas, el impacto será inflacionario”, afirmó.
Un costo inmenso para el país
“El costo para el país es inmenso”, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió ante el Congreso que una eventual suspensión de la emergencia económica que estudia la Corte Constitucional, tendría efectos negativos en la financiación del país.
El ministro Ávila defendió la declaratoria de emergencia económica y aseguró que el Legislativo era plenamente consciente de que el Presupuesto General de la Nación aprobado para este año requería recursos adicionales.
Ávila sostuvo que el Gobierno no creó de manera improvisada la ley de financiamiento, sino que esta era una consecuencia directa del presupuesto aprobado por el propio Congreso en octubre.
“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento”, afirmó.
Según explicó el ministro, tras la aprobación del presupuesto, el Congreso negó la ley de financiamiento por una diferencia mínima en la votación, lo que, a juicio del Gobierno, generó una situación excepcional que debía ser atendida de forma inmediata.
“Un par de meses después, ese mismo Congreso, que había aprobado el presupuesto por mayorías suficientes en Senado y Cámara, niega por la sumatoria de cinco senadores la ley de financiamiento. Y esto creó una situación excepcional, sobreviniente, que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, señaló.
El jefe de la cartera de Hacienda indicó que este escenario se suma a un desbalance estructural entre ingresos y gastos. Explicó que entre 2023 y 2026 los ingresos totales, como proporción del PIB, se contraen, mientras que los gastos aumentan. “Entre el año 23 y el año 26, los ingresos totales en términos del PIB se contraen, mientras los gastos totales se expanden”, dijo, al advertir que esta tendencia ya venía acumulándose en el presupuesto nacional.
Uno de los puntos centrales de la intervención fue la inflexibilidad del gasto público. Ávila afirmó que el margen de maniobra del Gobierno es limitado, debido a que la mayor parte del presupuesto corresponde a obligaciones legales y constitucionales. “En el año 2024, el 87,5 % de los gastos eran inflexibles; en 2025, el 93,1 %, y en 2026 la inflexibilidad del gasto alcanza el 93,7 %”, explicó.
El ministro precisó que para 2026 el Gobierno solo tiene discrecionalidad sobre una fracción mínima del presupuesto. “El Gobierno no puede intervenir sobre gastos obligatorios del presupuesto nacional en un 95 %. Solamente tiene discrecionalidad sobre el 6,3 %”, indicó.
Ávila detalló que dentro de los gastos inflexibles se encuentra el servicio de la deuda, que representa una parte significativa del presupuesto.
“El servicio de la deuda representa el 18 % de los gastos obligatorios. Son 100,45 billones de pesos de obligatorio cumplimiento”, afirmó, al recordar que el Gobierno no puede dejar de atender estas obligaciones.
Sistema general de Participaciones
También mencionó las transferencias del Sistema General de Participaciones, que ascienden a 88,5 billones de pesos y equivalen al 16,2 % de los gastos. Según el ministro, este tema fue abordado recientemente con alcaldes del país, quienes expresaron las limitaciones que enfrentan las entidades territoriales frente a estas transferencias.
Con estos argumentos, el ministro de Hacienda insistió ante el Congreso en que la emergencia económica responde a una situación fiscal derivada de decisiones presupuestales ya adoptadas y a un contexto de alta rigidez en el gasto público.
