La FM en Google News
La vía al Llano, que conecta la Orinoquía con el centro del país, vuelve a estar en el centro del debate por obras que, pese a estar terminadas, aún no entran en funcionamiento. El caso más representativo es el del puente de Chirajara, ubicado en el kilómetro 63, que sigue sin ser habilitado para el tránsito de vehículos.
Obras construidas, pero sin uso
Esta semana, la concesionaria Coviandes, encargada de la vía Bogotá–Villavicencio desde 1994, explicó que el puente no ha podido entrar en operación debido a la falta de obras complementarias en otros puntos del corredor vial.
En particular, la empresa señaló que persisten problemas de inestabilidad en la ladera del kilómetro 58, lo que ha afectado estructuras clave como el túnel 13 y la quebrada Seca. Estas condiciones impiden garantizar la seguridad del corredor completo, por lo que el puente no puede ser habilitado.
Responsabilidad en manos de la ANI
De acuerdo con Coviandes, las obras pendientes no están bajo su responsabilidad. La concesión insiste en que, según el laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2024, corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomar las decisiones y ejecutar las intervenciones necesarias para solucionar estas afectaciones.
Entre las obras que aún deben realizarse se encuentran la estabilización de la ladera en el kilómetro 58, la reconstrucción del túnel 13 y la construcción de un túnel falso en el sector de la quebrada Seca. Estas intervenciones son consideradas indispensables para habilitar completamente el paso por este tramo de la vía.
Una obra terminada desde 2024
El nuevo puente de Chirajara tiene una historia marcada por la controversia. La estructura original colapsó el 15 de enero de 2018, pese a haber sido reconocida por sus diseños. Tras ese hecho, la reconstrucción fue ordenada judicialmente y culminó el 4 de febrero de 2024.
Desde entonces, el puente permanece sin entrar en funcionamiento. Según la concesión, la obra cuenta con aprobación técnica y fue recibida oficialmente por la interventoría el 26 de febrero de ese mismo año, lo que indica que cumple con las condiciones para su uso.
Falta de recursos y trámites pendientes
Uno de los principales obstáculos para avanzar en las obras faltantes es la financiación. Coviandes estima que la ANI debe gestionar cerca de 300 mil millones de pesos para ejecutar las intervenciones requeridas.
Aunque existe un fondo de contingencias creado desde el contrato inicial de 1994, que cuenta con aproximadamente 68 mil millones de pesos, la concesión asegura que estos recursos no han sido utilizados debido a trámites internos de la entidad estatal.
Esta situación ha generado retrasos que ya completan más de dos años desde que se definieron las responsabilidades en el laudo arbitral.
Inversión privada y cuestionamientos de usuarios
Coviandes también destacó que la construcción del nuevo puente tuvo un costo cercano a los 96 mil millones de pesos y fue financiada en su totalidad con recursos propios de la concesión.
Sin embargo, esta afirmación ha generado cuestionamientos entre los usuarios de la vía, quienes señalan que el mantenimiento y desarrollo del corredor se financia, en gran medida, con el pago de peajes, considerados entre los más altos del país.
Un problema sin solución a corto plazo
Mientras no se ejecuten las obras pendientes, el puente de Chirajara seguirá fuera de operación, lo que refleja las dificultades en la coordinación entre el Estado y los concesionarios para sacar adelante proyectos de infraestructura clave.
La situación mantiene la incertidumbre entre los usuarios de la vía al Llano, una de las más importantes del país, que continúa enfrentando restricciones y problemas estructurales a pesar de las millonarias inversiones realizadas.
