Ley de insolvencia: ¿cómo proteger el patrimonio?

El año pasado, el panorama financiero en Colombia se tornó complejo debido a diversos factores como el desempleo, el incremento de las deudas, las altas tasas de interés y la inflación. Esto hizo que un considerable número de ciudadanos no pudieran cumplir con sus compromisos financieros.

Según datos de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, más de 4.500 personas naturales se declararon en insolvencia durante el año 2023, lo que representa un incremento del 44,1% respecto al año anterior.

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El estudio reveló que la edad promedio de quienes se declararon insolventes oscila entre los 38 y 42 años, con una predominancia de solicitudes por parte de hombres (62,93%) en comparación con mujeres (33,7%).

Cristian Valenzuela, fundador y CEO de Legal Aid, destaca la importancia de la Ley de Insolvencia de Persona Natural. Según él, esta ley da la oportunidad a los deudores de proteger su patrimonio y el de sus familias al llegar a acuerdos de pago con sus acreedores sin afectar su calidad de vida.

"La Ley 1380 de 2010 busca ayudar a las personas con deudas que no han podido pagar por razones ajenas a su voluntad y como consecuencia de ello se encuentran en mora. Esta ley brinda la oportunidad de organizar el pago de estas deudas mediante un acuerdo que la persona realiza con sus acreedores, donde el monto y plazo de pago de sus acreencias es negociado", afirma Valenzuela.

Para acceder a este proceso, se requiere que la persona sea natural y no comerciante, que tenga deudas con dos o más acreedores, esté en mora por más de 90 días y que las deudas representen al menos el 50% de la totalidad.

Es importante tener en cuenta que ciertas deudas, como las pensiones alimenticias o aquellas contraídas por fraude, no son elegibles para este proceso.

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Valenzuela señala que el principal obstáculo para muchas personas es el costo inicial del proceso legal.

Una vez presentada la solicitud, el Centro de Arbitraje designa un conciliador para el proceso. Este revisa la solicitud y la información presentada por el deudor. Si se cumplen los requisitos, se establece una tarifa para avanzar en el trámite. Una vez pagada la tarifa, se notifica a los acreedores y se programa una audiencia de negociación de deudas.