¿Qué pasa si se falsifica una incapacidad médica?

Conozca cuáles son las consecuencias legales de falsificar una incapacidad médica en el trabajo.
Incapacidad médica
Las incapacidades médicas en Colombia son uno de los mecanismos clave dentro del sistema de seguridad social. Crédito: Freepik


Falsificar una incapacidad médica está contemplada dentro del Código Penal como falsedad de documento privado y tiene consecuencias legales. En este caso, la empresa puede denunciar al trabajador que entregó el documento fraudulento.



Jimmy Jiménez, abogado del bufete Integrity Legal, explicó que “el artículo 289 del Código Penal colombiano, advierte que quien falsifique un documento privado que pueda servir de prueba y lo utilice, puede enfrentar una pena de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses. Incluso, se puede dar por terminado el contrato laboral por justa causa, por parte del empleador”.



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Además, si un empleado es sorprendido falsificando una incapacidad médica, puede enfrentar consecuencias disciplinarias que van desde simples llamados de atención hasta suspensiones del contrato laboral, dependiendo de las circunstancias específicas, las normativas internas y la gravedad del acto.



Al igual que otros delitos en el país, la falsificación de documentos también está sujeta a prescripción. Dado que se trata de un delito de falsedad en documento privado, la pena máxima es de 108 meses.



Si no se toman medidas legales, este delito prescribe después de 9 años desde su comisión.



“A este tipo de delitos se les puede reconocer los subrogados penales, como la prisión domiciliaria, la reducción de la pena, entre otros. Quien cometa este delito puede solicitar este tipo de subrogados para acceder a alguno de estos beneficios”, dijo el experto.



Todas las medidas que el empleador tome deben ajustarse al marco legal establecido. Es importante respetar el debido proceso disciplinario, así como seguir las disposiciones del reglamento interno de la empresa.



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Es probable que el trabajador deba ser notificado formalmente y se le permita presentar su defensa o argumentos en contra de las acusaciones. La justificación para un despido dependerá en gran medida de estos procedimientos; si no se respeta el debido proceso, una autoridad competente podría ordenar el reintegro del trabajador.



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