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Luego de conocerse la suerte de la Ley de Financiamiento –que fue tumbada por la Corte Constitucional– ha surgido una serie de interrogantes sobre el futuro económico del país, pues con esa norma se esperaba el recaudo de unos $7,1 billones.
Teniendo como base que se mantuvieron varios puntos controversiales como los beneficios tributarios a las empresas, el IVA plurifásico a las cervezas, a las plataformas de servicios de modelos para adultos por webcam, entre otros, la Corte decidió no declarar exequible varios puntos de la iniciativa.
Sobre el tema Eduardo Ballesteros, analista económico, señaló que tanto el Gobierno como la oposición tienen visiones “drásticas” sobre los resultados adversos y positivos con la decisión de la Corte Constitucional.
“Hay algo claro y es que la principal calificadora de riesgo, Fitch Ratings, considera que tumbar la ley traería consecuencias neutras, es decir, no cambiaría mucho el panorama actual. En cambio, si se mantiene, el impacto en el crecimiento económico no sería tan positivo como el Gobierno cree”, explicó.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto económico de eliminar esta legislación traerá pérdidas de mil millones de pesos en los próximos diez años. Esto como resultado no solo del no recaudo de los nuevos impuestos, sino de la pérdida de confianza por parte de inversionistas extranjeros. En este punto están de acuerdo los principales gremios como la Andi y Fenalco.
De igual manera, Hacienda sostiene que eliminar esta norma bajará el crecimiento económico en unos 0,8 puntos, es decir, si se preveía que sería de 3,6%, quedaría en 2,8%. En cambio, asegura, mantenerla viva llevaría a Colombia a un crecimiento por encima del 4%, cifra que Fitch Ratings considera poco realista.
Pese a esto, los detractores de la medida aseguran que, de todas maneras, la Ley de Financiamiento no ayudará a solventar el déficit fiscal actual.
“Lo que dicen estos sectores es que la ley quedó incompleta. Esto debido a que el con el IVA a la canasta familiar se iba a subsanar el vacío de los beneficios tributarios a las empresas. Esto quiere decir que los primeros dos años el crecimiento económico mostraría buenos resultados, pero al pasar el tiempo la economía se relantizaría e incluso podría terminar afectada de manera grave, lo que implica a la larga un hueco de entre cinco y diez billones de pesos”, señaló Ballesteros
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha refutado todas las afirmaciones en ese sentido, asegurando que, si bien el crecimiento será mayor en los primeros años, el estímulo al sector privado y extranjero dinamizará la economía al punto en que dicho vacío no se sentirá.
A esto se suma el escepticismo de ciertos sectores hacia el motivo de estos beneficios tributarios. Mientras el Gobierno afirma que esto incentiva la creación de empleo, los críticos manifiestan que estos recursos serían usados por la compañía en la adquisición de capital y bienes y no en la contratación de mano de obra.
“Es una situación compleja resultante de una constante desconfianza entre empresas y trabajadores. Los primeros aseguran que necesitan de exenciones tributarios para crear empleo, mientras los segundos no creen en sus buenas intenciones y los señalan de acumulación de capital”, sostuvo el analista.
De cualquier manera, Ballesteros asegura que, sin la Ley de Financiamiento, el Gobierno necesitará impulsar una nueva reforma tributaria.
“La economía en Colombia se está frenando y el déficit tributario del Gobierno anterior es real. Es necesaria una política de generación de empleo y mantener la confianza de inversionistas extranjeros. Los reparos a la Ley de financiamiento pueden ser ciertos o no, pero eso no elimina que mantener las políticas actuales puede derivar en situaciones indeseadas”, señaló.
Y añadió: “Será necesaria entonces otra reforma tributaria, la cual debe ser aprobada en tiempo récord, ya que será difícil mantener un ambiente que facilite la inversión y la generación de empleo en el escenario actual”.
Ballesteros asegura que esto implicaría también un desgaste político, ya que el Gobierno deberá centrar su energía en ese nuevo proyecto en lugar de sacar adelante otras iniciativas también importantes para su agenda como las reformas laboral, pensional y judicial.
