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La Corte Constitucional estudia una demanda contra tres artículos de la Ley de financiamiento que hablan sobre el impuesto a las ventas, que según el demandante serían inconstitucionales.
Lo primero que pide la demanda es una modificación a uno de los apartes del artículo cuarto que establece excepción del pago del impuesto del IVA a quienes comprueben que “el monto de sus consignaciones bancarias o inversiones financieras durante el año anterior no supere la suma de 3.500 UVT”.
La demanda dice que esa regla vulnera el derecho a la igualdad porque la ley no distingue entre “el origen de las consignaciones bancarias o inversiones financieras”, debido a que no tendría relación con algún hecho generador del impuesto.
Lo anterior porque el criterio para determinar si un comerciante es o no responsable del pago del impuesto, recae únicamente en que sus consignaciones, depósitos o inversiones financieras hayan sobrepasado los 3.500 UVT (Unidad de Valor Tributario).
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Por otro lado, pide tumbar los artículos 102 sobre el principio de favorabilidad y parte del artículo 113 que sostiene que “los contribuyentes sólo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la ley”.
En ese punto la demanda dice que la norma no establece una amnistía en materia tributaria y tampoco el principio de favorabilidad, ademas asegura que impone un tratamiento desigual entre las personas que podrían acceder al beneficio “por tener obligaciones fiscales derivadas de sanciones ya ejecutadas y quien es cuya sanciones aún no se han ejecutado a través del proceso de cobro coactivo”.
La demanda también asegura que la norma impide a los contribuyentes hacer uso de los conceptos emitidos por la DIAN para defenderse ante la administración o en un proceso jurisdiccional.
La Procuraduría envió un concepto a la Corte en el que pide no tomar decisión de fondo sobre el artículo cuatro de la Ley de Financiamiento, darle vía libre al artículo 102 y tumbar la expresión, “los contribuyentes sólo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdicción con base en la ley del artículo 113 de la Ley de Financiamiento".
La Corte hace estudio de las demandas contra la ley hasta el 31 de diciembre de este año, tiempo en el cual el articulado se encuentra vigente.
El Congreso sin embargo, tiene plazo hasta esa fecha para darle trámite nuevamente al articulado luego de que la Corte tumbará toda ley por vicios de trámite.
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