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Después de una década desde la firma del Acuerdo de Paz, Colombia contará con una Jurisdicción Agraria y Rural que empezará a funcionar en 2027, tras una decisión de la Corte Constitucional que ordena su implementación progresiva.
Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura, la medida busca que los conflictos sobre tierras, producción agraria y tenencia rural sean resueltos por jueces especializados, una figura que hasta ahora no existía en el país.
La decisión también instruye al Consejo Superior de la Judicatura para que adelante la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional.
Además, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República a aprobar antes del 20 de junio la ley ordinaria que establecerá el procedimiento especial agrario, requisito indispensable para completar la implementación de esta nueva jurisdicción.
Una deuda pendiente con el campo: MinAgricultura
La creación de esta jurisdicción responde a un compromiso establecido en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, que contempló una justicia especializada para atender los conflictos de tierras en las zonas rurales.
Su objetivo, según la ANT, es ofrecer respuestas más rápidas y especializadas a disputas que han permanecido sin resolución.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que "restan pocas sesiones legislativas para aprobar la norma que definirá las competencias y procedimientos de estos despachos judiciales".
La Sentencia C-099 del 22 de abril de 2026 reiteró la urgencia de que el Congreso complete el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023.
Procesos agrarios represados
Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, señaló que "la orden judicial establece la entrada en funcionamiento de esta jurisdicción a partir del próximo año".
La decisión se produjo luego de una demanda presentada por la entidad para acelerar su puesta en marcha.
Según ambas entidades, la ausencia de jueces especializados ha generado un represamiento significativo de procesos agrarios en el país. Entre 2025 y 2026, la Agencia Nacional de Tierras radicó 13 demandas que involucran 15 procesos sobre aproximadamente 16.400 hectáreas, todos en condiciones similares.
A esto se suman cerca de 210 procesos agrarios que actualmente cursan en fase administrativa y abarcan unas 45.000 hectáreas. Estos expedientes son considerados clave para avanzar en la meta de redistribuir tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.
Según la ANT, desde 2017 no existe una sola decisión judicial de fondo sobre procedimientos relacionados con la identificación, recuperación y administración de tierras baldías bajo las reglas del Decreto Ley 902 de 2017. Esta situación ha mantenido paralizados múltiples casos durante años.
¿Qué resolverá la nueva jurisdicción?
La Jurisdicción Agraria y Rural estará integrada por jueces y magistrados especializados dedicados exclusivamente a resolver conflictos relacionados con la tierra y la actividad agropecuaria. Su creación busca que estos asuntos dejen de depender de otras jurisdicciones ordinarias.
Entre los casos que atenderá se encuentran disputas por propiedad, posesión y uso de la tierra, controversias contractuales, conflictos por ocupaciones de hecho, servidumbres y aprovechamiento de recursos comunes en predios rurales.
También conocerá acciones de nulidad contra actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras.
El modelo judicial estará basado en principios como la celeridad, la oralidad, la presencia activa del juez y la itinerancia.
Esto permitirá que las audiencias puedan realizarse directamente en los territorios, facilitando el acceso a la justicia para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La nueva jurisdicción también buscará resolver en un solo proceso todos los conflictos asociados a un mismo predio, incluso cuando involucren tanto a particulares como al Estado. La estructura formará parte de la Rama Judicial y operará mediante juzgados y tribunales especializados.
Con esta decisión, Colombia avanza en la creación de un sistema judicial especializado para atender las disputas rurales, una de las reformas pendientes desde la firma del Acuerdo de Paz.
La implementación dependerá ahora de la reglamentación legislativa y de la puesta en marcha de la estructura judicial en los próximos meses.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuándo inicia la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia?
La Jurisdicción Agraria y Rural comenzará a funcionar en 2027 tras una orden de la Corte Constitucional que exige su implementación progresiva, para resolver deudas históricas del Acuerdo de Paz. Este nuevo sistema judicial contará con jueces especializados encargados de tramitar procesos de tenencia de tierras que actualmente se encuentran represados por la falta de una justicia enfocada exclusivamente en el sector campo.
¿Qué conflictos resolverá la justicia agraria en territorios rurales?
Los conflictos agrarios sobre propiedad, posesión, ocupaciones de hecho y servidumbres serán resueltos por esta jurisdicción especializada, eliminando la dependencia de jueces ordinarios. El modelo judicial priorizará la itinerancia y la oralidad, permitiendo que los magistrados se desplacen directamente a las zonas rurales para agilizar las disputas que afectan a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
¿Cuál es su importancia para el procedimiento especial agrario?
El procedimiento especial agrario requiere que el Congreso de la República apruebe una ley ordinaria antes del 20 de junio para definir las competencias y reglas de los nuevos despachos. Según el Ministerio de Agricultura, este desarrollo normativo es indispensable para cumplir con la Sentencia C-099 de 2026 y permitir que la Rama Judicial establezca los tribunales necesarios en todo el territorio nacional.
¿Cuántas hectáreas están afectadas por el represamiento de procesos agrarios?
Los procesos agrarios represados afectan actualmente más de 61.000 hectáreas, incluyendo casos en fase administrativa y demandas radicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entre 2025 y 2026. La puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria es vital para destrabar estos expedientes y avanzar en la meta de redistribución de tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.
