Interponen demanda para tumbar decretos que prohibieron exportar carbón a Israel

En el marco de la nueva crisis que se generó con Israel, tras la decisión del Gobierno colombiano de expulsar a la delegación diplomática, el partido Cambio Radical demandó ante el Consejo de Estado los decretos del Gobierno Nacional 1047 de 2024 y 949 de 2025, que prohibieron la exportación de carbón a ese país. 

La colectividad también solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la norma, con el fin de evitar perjuicios económicos y sociales mientras se resuelve de fondo la determinación.

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El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, afirmó que la decisión del Gobierno fue ilegal e inconstitucional porque excedió las competencias del Ejecutivo y afectó gravemente la economía nacional. Según explicó, la medida constituyó una sanción internacional sin autorización legal y se fundamentó en motivaciones falsas, ya que no existía un soporte técnico que demostrara que el carbón colombiano era utilizado con fines militares en Israel.

Córdoba aseguró que la determinación configuró una desviación de poder al emplear facultades económicas para propósitos de política exterior y presión diplomática. Además, argumentó que se vulneró el principio de proporcionalidad, dado que existían medidas menos gravosas que una prohibición total. Señaló también que la decisión golpeó las exportaciones, el empleo, las regalías y la estabilidad de las regiones productoras.

“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, señaló Córdoba en un comunicado. 

La acción judicial presentada por Cambio Radical establece que el Gobierno se extralimitó al imponer la prohibición de la exportación de carbón a Israel mediante un acto administrativo sin respaldo jurídico.

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De acuerdo con cifras del DANE, que cita la colectividad, entre enero y agosto de 2023 Colombia exportó a Israel alrededor de 375 millones de dólares, de los cuales el 93% correspondió a productos mineroenergéticos y aproximadamente el 90 % fue carbón térmico. 

El partido advirtió que la medida afectó de manera grave el orden económico y social y que generó un impacto negativo en la industria minera y energética.