La FM en Google News
Uno de los temas coyunturales en el país ha girado en torno a los beneficios e impactos que traería implementar la ‘tarifa cero’ en el transporte público que propuso el presidente Gustavo Petro.
Si bien, el mandatario lo anunció por medio de la red social X anteriormente conocida como twitter, diferentes gremios económicos empezaron a análisis qué tan viable sería el subsidiar este servicio y de dónde saldrían los recursos para hacerlo.
Le puede interesar: Hay riesgo inminente de apagón en Colombia: dura advertencia del contralor de Minas y Energía
Inicialmente, el presidente manifestó que su idea era que los ciudadanos pagarán una cuota adicional en el recibo de la luz, en especial aquellos hogares pertenecientes a estratos 4,5 y 6 en las diferentes ciudades del país.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, indicó bajo un informe oficial que no está de acuerdo con la implantación de la 'tarifa cero', a raíz de que el Gobierno Petro no ha evaluado los suficientes detalles para que sea financiada correctamente. Adicional a esto, advierte la falta de estudios y planes operativos para su realización.
De acuerdo con la entidad, Transmilenio S.A factura cerca de $2,3 billones y su costo total de operaciones es de $4,8 billones, lo que quiere decir que si todos los hogares contribuyeran igualitariamente tendría que pagar entre $63.000 y $136.559 adicionales en la factura.
Por ello y sobre todo pensando en los usuarios de bajos recursos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, la ANIF exclama que es necesario brindar medidas que alivien su bolsillo y les permita movilizarse tranquilamente.
Es así que propone una tarifa diferencial según el estrato socioeconómico y que se implantaría de la siguiente forma: los estratos 1 cancelaría el 40% de la tarifa base, estratos 2 pagarían 50%, los estratos 3 costarían el 85% y los niveles 4,5 y 6 asumirían un 120%.
Lea también: ¿Quiénes no deben pagar la tarifa adicional en el recibo de la luz?
Frente a esto, argumenta que un incremento de este tipo podría ser insostenible para los colombianos y que es necesario buscar soluciones más equitativas, al punto que no solo haya una fuente de financiación.
“Vincular ese cobro a la factura de la luz generaría grandes distorsiones en el mercado de la energía con graves consecuencias, reduciría el poder adquisitivo de las personas y podría ser perjudicial para algunos individuos que hoy en día reciben auxilios para la financiación de su transporte. En ese sentido, lo mejor en este caso es pensar en múltiples fuentes adicionales para invertir en mejoras del transporte público y en hacer una focalización más eficiente de los subsidios que se otorguen”, finalizó en su comunicado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
