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El anuncio del incremento en las tarifas del transporte público en Bogotá no solo golpeó el bolsillo de millones de usuarios, sino que abrió un nuevo frente de confrontación política entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó fuertes críticas contra el alcalde Carlos Fernando Galán, a quien acusó de poner en riesgo recursos claves de la nación y de trasladar el déficit del sistema a los ciudadanos.
A través de su cuenta en X, Sanguino calificó como “irresponsable” la decisión del Distrito y advirtió que el aumento tarifario podría afectar el compromiso de transferencia de recursos nacionales para la flota eléctrica, además de reducir la demanda de pasajeros de TransMilenio.
“El incremento desmedido e injustificado de las tarifas del transporte público es una verdadera trampa. Le endilgan al salario mínimo vital el aumento del pasaje para cubrir el déficit de los sistemas y trasladar los costos de operación a los usuarios, sin tocar a los operadores privados. No lo vamos a permitir”, escribió el ministro.
El funcionario aseguró que, junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte, se están evaluando medidas de control frente a lo que considera un aumento injustificado de las tarifas en Bogotá y otras ciudades del país.
Asocapitales terció en la polémica
En esta controversia también intervino el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, quien le respondió al Gobierno Nacional que el alza en las tarifas no es una trampa, sino producto del incremento de más del 23% del salario mínimo en el país.
“Ministro, ese diagnóstico es equivocado. El ajuste tarifario no es una “trampa” ni un traslado discrecional del déficit, sino el efecto directo de un aumento del salario mínimo del 23%, que impacta de forma automática los costos laborales del transporte público, un sector altamente intensivo en mano de obra indexada al SMLMV”, dijo.
“Los sistemas no ajustaron tarifas para “favorecer operadores”, sino para evitar un mayor desfinanciamiento fiscal de las ciudades y la inviabilidad del servicio. De hecho, las ciudades capitales han contenido los incrementos muy por debajo del aumento salarial, asumiendo mayores subsidios públicos. Desconocer esta relación técnica es ignorar la estructura real de costos del transporte urbano”, afirmó.
El aumento: $3.550 el nuevo pasaje
En medio de la controversia, la administración distrital confirmó que desde el miércoles 14 de enero entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El pasaje de TransMilenio pasará a costar $3.550, lo que representa un incremento de $350, equivalente al 10,9 % frente a la tarifa actual.
Según la Alcaldía, el ajuste busca reducir el déficit financiero del sistema, particularmente el del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), y responde a variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los costos operativos —combustible, mantenimiento y salarios— y la sostenibilidad del servicio.
Pese al incremento, la administración distrital confirmó que se mantendrán los beneficios de trasbordo para los usuarios con tarjeta TuLlave personalizada, permitiendo el cambio entre buses dentro del tiempo establecido con costo cero o un valor reducido.
Asimismo, continuarán los subsidios para poblaciones priorizadas, como adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios del Sisbén, aunque el valor final a pagar también tendrá un ajuste proporcional al alza general.
Mientras el Distrito defiende el incremento como una medida técnica y necesaria, el Gobierno Nacional advierte que no permitirá que el déficit del sistema recaiga sobre los usuarios, anticipando un debate que seguirá escalando en los próximos días y que pone nuevamente en el centro de la discusión el modelo de financiación del transporte público en el país.
