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Juan David León, abogado del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó haber sido notificado de las imputaciones que la Fiscalía anunció este lunes por las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro y por la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
Roa fue gerente de la campaña presidencial de Petro, quien a su turno lo nombró presidente de la estatal. El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña superó en más de 5.300 millones de pesos los topes electorales, y ordenó que el ingeniero pague una millonaria multa.
La investigación y la sanción del CNE fueron administrativas, no penales. Pero la Fiscalía ha indagado a Roa por los mismos motivos y espera que responda ante la justicia. La comunicación pública del ente acusador no equivale a una notificación formal.
El Complejo Judicial de Paloquemao, el centro de diligencias judiciales que concentra a los jueces de Bogotá, aún no ha dado luces sobre reparto entre togados o sobre una fecha estimada para que un juzgado de garantías escuche la imputación, que es el paso siguiente de la solicitud.
"A la fecha de la emisión del presente comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación", sostiene en su misiva León, quien espera a "los canales institucionales legalmente establecidos".
Una notificación que no llega y una presunción "incólume"
El equipo jurídico de Roa afirmó, además, que una potencial imputación no dañaría la "incólume" presunción de inocencia del dirigente empresarial, "quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa".
Raúl González, delegado de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, advirtió este lunes que el organismo penal radicará dos solicitudes de imputación. Una por violación de topes de campaña, un delito que da entre cuatro y ocho años de cárcel, y otra por presunto tráfico de influencias.
La futura imputación aparece "ante la contundencia de las pruebas" recopiladas por el ente acusador, de acuerdo con González. Roa "tiene la responsabilidad directa" sobre la superación de los montos permitidos en la campaña y sobre el supuesto tráfico a favor de Juan Guillermo Mancera.
Al parecer, Roa benefició a Mancera, un coronel retirado del Ejército, con un contrato en Ecopetrol —donde el Gobierno tiene siete de nueve asientos en la junta directiva por su participación accionaria— luego de que facilitara la compra de un lujoso apartamento a un bajo costo.
"Cualquier señalamiento será controvertido"
El exgerente de campaña adquirió el inmueble de una empresa de Serafino Iacono, exintegrante de la ahora reestructurada Pacific Rubiales e interesado en la industria de los hidrocarburos. Mancera, quien en 2024 fundó la empresa de servicios públicos Gaxi, habría facilitado la transacción.
Gaxi y Ecopetrol firmaron un convenio para regasificar el gas importado en Colombia. El acuerdo, que vincula a la filial de Ecopetrol Hocol, proyectaba ingresos de hasta 1.400 millones de dólares anuales, pese al tamaño de la sociedad y su experiencia en el mercado.
Iacono, por su parte, manifestó en diciembre del año pasado que la venta del apartamento "fue un negocio enmarcado en la ley". "He entregado de manera expedita toda la información a las autoridades competentes", agregó, al tiempo que dijo estar vinculado a "circunstancias erróneas".
León y el presidente de la petrolera responderán. "Se han recolectado diversos medios de conocimiento que desvirtúan las acusaciones formuladas en su contra", señalan. "Cualquier señalamiento será debidamente controvertido en las etapas procesales correspondientes", añaden.
El ingeniero "ha estado y continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades, los cuales han sido atendidos de manera oportuna y sin dilación alguna", señala León, quien promete demostrar "la inexistencia de irregularidad alguna".
